Especial Día de Internet 2017

El pasado día 17 de mayo, y con motivo del Día Mundial de la Sociedad de la Información, también conocido como Día de Internet, nuestro Director General, Borja Arbosa, fue invitado a participar en una charla-coloquio sobre los riesgos y oportunidades que ofrecen las herramientas online y la expansión de la conectividad en el mundo de la empresa y en el emprendimiento, en diversos ámbitos y sectores.

Como hemos mencionado en un buen número de ocasiones, la red es un punto de encuentro cada vez más amplio, ha creado un espacio de negocio cada vez más variado y nos proporciona una serie de herramientas de uso profesional de mayor valor, por lo que, desde BasqueLaw, trabajamos a diario por explorar todo el conocimiento y posibilidades que puede llegar a ofrecer.

Por todo ello, desde BasqueLaw queremos agradecer a los organizadores de este evento por su invitación y por darnos la oportunidad de compartir este tipo de experiencias, que a buen seguro, enriquecen nuestro conocimiento colectivo y nos facilitan un mejor servicio al cliente.

Finalmente, y para todos nuestros clientes y seguidores, les ofrecemos a continuación el programa completo, coproducido por el Instituto de FP Tartanga y EuskaDigital.

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Renta 2016 en Bizkaia

Como todos los años, el paso del mes de abril trae a nuestras oficinas el inicio de la Campaña de la Renta de 2016, la cual se prolongará hasta el final del próximo mes de junio.

Del mismo modo, nuestro departamento fiscal ha decidido un año más, publicar una guia rápida para facilitar a todos nuestros clientes y seguidores la realización de sus obligaciones tributarias, por lo que a continuación les indicamos las dudas más frecuentes que surgen en este ámbito.

¿Quién está obligado a presentar la declaración?

Según el artículo 102 de la Norma Foral no están obligados a autoliquidar:

  1. Los contribuyentes que no superen los 12.000€ anuales de rendimientos brutos de trabajo en tributación individual (si se realiza la declaración conjunta el límite es para cada uno de los cónyuges).
  2. Los contribuyentes que perciben más de 12.000€ y menos de 20.000€ de rendimientos brutos del trabajo en tributación individual, salvo:
  • Cuando perciban rendimientos del trabajo procedentes de más de un pagador.
  • Cuando se hubiera firmado más de un contrato de trabajo, laboral o administrativo, en el ejercicio o prorrogado el que estuviese vigente.
  • Cuando perciban pensiones compensatorias del cónyuge o pareja de hecho, o anualidades por alimentos diferentes a las favorables a los hijos mediante Sentencia Judicial.
  • Cuando se encuentren incluidos en alguno de los supuestos establecidos reglamentariamente.

Finalmente, están obligados a presentar la Declaración de la Renta, en todo caso:

  • Aquellos contribuyentes que perciban sus retribuciones por peonadas o jornales diarios.
  • Trabajadores de embarcaciones de pesca, si sus retribuciones consisten en una participación en el valor de la pesca capturada o en el volumen.
  • Aquellos contribuyentes que perciban retribuciones variables en función de resultados u otros parámetros análogos, siempre que estas retribuciones superen las tenidas en cuenta para el cálculo del porcentaje de retención o ingreso a cuenta , en los términos previstos en el artículo 109 de la Norma del Impuesto.
  • Los contribuyentes que realicen actividades económicas, en consecuencia, los incluidos en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) o Mutualidad equivalente (profesiones liberales tales como arquitectos o abogados que ejercen su actividad por cuenta propia).
  • Los contribuyentes que perciben rendimientos brutos del capital y ganancias patrimoniales, incluidos en ambos casos los exentos, cuando no superen conjuntamente los 1.600€ anuales.

¿Quienes pueden hacer tributación conjunta?

La tributación conjunta es una modalidad prevista para abarcar a todos miembros de una unidad familiar, constituida por:

  1. Matrimonios o parejas de hecho inscritas: El matrimonio o pareja de hecho y los hijos menores de edad no emancipados y los mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
  2. Separados legalmente o sin vínculo matrimonial o sin inscripción como parejas de hecho:
    • Si hay acuerdo entre los progenitores: constituirá Unidad Familiar uno de ellos con todos los menores o mayores sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada (aunque no conviva con ellos o ellas).
    • Si no hay acuerdo formarán Unidad Familiar con el progenitor o la progenitora que tenga la guarda y custodia de forma exclusiva por resolución judicial.
  3. Padre o madre viudos o viudas:
    • El padre o madre y los hijos menores de edad no emancipados y los mayores si están sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
    • Nadie puede formar parte de dos unidades familiares.

Dichas circunstancias deberán determinarse a 31 de diciembre de cada año, excepto en casos de fallecimiento, que se admitirá tributación conjunta aunque algún miembro de la unidad familiar haya fallecido durante el ejercicio.

La propuesta de borrador

A principios de este mes de abril, la Diputación Foral de Bizkaia ha comenzado a enviar, a determinados contribuyentes, la propuesta de borrador de su Declaración de la Renta. Dichos borradores se identifican básicamente por su color. Hacienda indica, en color verde, los borradores cuyo resultado final implica una devolución al contribuyente, y en color azul, aquellos que implican la obligación de abonar cantidades a Hacienda.

Si no has recibido la propuesta de Declaración de la Renta puedes comprobar en el siguiente enlace si te encuentras encuadrado para recibir este año un borrador de la declaración.

Modificar el borrador

Hacienda nos da de plazo hasta el 27 de abril para llamar al 901 503 000 y así efectuar:

  • Modificaciones de la cuenta de domiciliación.
  • Modificación del idioma (Euskera o Castellano).
  • Modificación del destino de la asignación tributaria (colaborar con otros fines sociales, con la Iglesia Católica o con ambos).
  • Anulación de la propuesta a Devolver

También podemos acudir a las oficinas de Hacienda (En Bilbao, Calle Capuchinos de Basurto nº 4) hasta el 27 de abril para realizar modificaciones que no estén encuadradas en el caso anterior. En caso de acudir a las oficinas de Hacienda se debe solicitar cita previa llamando al 901 503 000.

Después del día 27 de abril, si deseamos modificar algún dato de la propuesta recibida podremos acudir, a partir del 2 de mayo, a cualquiera de las oficinas de Hacienda de Bizkaia o bien cualquiera de las entidades colaboradoras con la Diputación Foral de Bizkaia:

  • Kutxabank
  • Laboral Kutxa.
  • BBVA
  • Banco Santander.
  • Caixabank
  • Banco Sabadell.

En el caso de acudir a las entidades, las modificaciones sólo serán posibles hasta el 17 de junio.

Confirmar borrador

Si te han remitido un borrador de color verde (a devolver) no hace falta confirmar nada. Si no se ha rectificado o anulado, Hacienda abonará la cantidad a partir del 2 de mayo en la cuenta indicada.

Por el contrario, si te han remitido una Propuesta de declaración de la Renta con el resultado a pagar a Hacienda (de color azul) y estas de acuerdo, debes confirmarla:

  • Por internet
  • Llamando al teléfono 901 440 201(L-D 24 horas).
  • Llamando al teléfono 901 50 3000 (L-V 8:30-19:00 horas).
  • Enviando, a través de su móvil, un mensaje SMS al número 638 444 555 escribiendo la palabra ETXEAN seguida de un espacio en blanco y a continuación su número identificativo que se indica destacado en la carta de la propuesta. El número aparece en el punto 1 de la carta de la propuesta.
  • En las entidades financieras que confeccionan la declaración de Renta.
  • En las oficinas del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Tras su confirmación se considerará presentada la declaración de IRPF y a partir del día 30 de junio se procederá al cobro. En caso de no haber confirmado tu propuesta para entonces, deberás presentar tu declaración de la Renta.

La clave de renta

Hacienda envía una clave de renta a las personas que en el ejercicio anterior presentaron declaración de la Renta, la cual es imprescindible para confeccionar declaraciones en entidades financieras y acceder a la consulta de datos fiscales.

También permite presentar por internet las declaraciones de Renta y Patrimonio en la oficina virtual de Hacienda y Finanzas-Bizkaibai y es necesaria para autorizar a otra persona a presentar por internet la declaración en su nombre.

Si no la hemos recibido, la podremos solicitar en este enlace, llamando al 901 50 3000 o de forma presencial en las oficinas del Departamento de Hacienda y Finanzas.

El envío de la clave de renta se hace por alguno de los siguientes medios y con este orden de prioridad:

  • Mediante notificación telemática a las personas suscritas a la notificación telemática.
  • Mediante SMS al número de teléfono móvil al que autorizaron a recibirla.
  • Mediante e-mail a la dirección de correo electrónico a la que autorizaron a recibirla.
  • Mediante carta a su domicilio.

Para elegir o modificar el medio por el que deseamos que se nos facilite la clave de renta, podemos acudir a las oficinas del Departamento de Hacienda y Finanzas o realizarlo a través de la oficina virtual de Hacienda y Finanzas-Bizkaibai.

Nuestros servicios

Por último, si estás interesado en que el equipo de BasqueLaw Abogados, Economistas y Asesores te elabore tu Declaración de la Renta 2016 puedes contactar con nosotros de las siguientes maneras:

Una vez contactéis con nosotros, os remitiremos un documento con la documentación necesaria para elaborar la Declaración de la Renta y, posteriormente, un presupuesto en función de las características de la misma, diferenciando entre:

  • Rentas sencillas y complejas.
  • Declaración individual o conjunta.

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Los accidentes laborales

Uno de los principales focos de conflicto que pueden producirse en el ámbito laboral, sucede cuando el trabajador sufre un menoscabo de su integridad física como consecuencia de un acto involuntario. Son situaciones que se producen a diario, ya que los accidentes forman parte de la vida y de la sociedad, pero el desconocimiento, o la falta de prevención o de previsión, necesarias en el ámbito laboral, a menudo generan una serie de complicaciones, tanto para el trabajador, como para la empresa.

Por ello, desde BasqueLaw Abogados, queremos aprovechar la ocasión para recordar a nuestros clientes y seguidores qué consecuencias puede tener un accidente laboral para todas las partes implicadas, y que aspectos conviene tener en cuenta, tanto de forma preventiva, como en el momento de los hechos, a fin de evitar males mayores.

La prevención de riesgos

Uno de los ejes principales de una actuación responsable por parte del empresario, consiste en una aplicación adecuada de la Ley de Prevención de Riesgos laborales. Esta obligación tiene su base en el artículo 40.2 de la Constitución Española, el cual encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo, haciendo necesario desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la presente Ley su pilar fundamental.

Así, el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) impone al empresario una serie de obligaciones a fin de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, reconociendo al trabajador el derecho a una protección eficaz en esta materia. Esta obligación empresarial “es una obligación de medios y no de resultado, por lo que el empresario cumplirá con su obligación genérica cumpliendo todas las obligaciones específicas en que aquélla se concreta, poniendo todos los medios necesarios para que no se produzcan daños, aunque éstos finalmente se produzcan y, en sentido contrario, incumplirá su obligación genérica incumpliendo alguna de las obligaciones específicas, aunque no se produzca un resultado dañoso”.

Por ello, conviene que, una vez se inicie con la contratación de empleados, el empresario lleve a cabo, bien de forma autónoma o con la ayuda de algún servicio externo de asesoramiento y apoyo en la materia, las actuaciones que describe la indicada ley, revisando las mismas, de una forma acorde a la variación de las circunstancias del trabajo, si las hubiere.

Definición de accidente laboral

Visto lo anterior, conviene recordar en qué supuestos nos encontramos ante un accidente laboral, ya que, si bien parece sencillo de imaginar, a menudo surgen discrepancias que generan conflictos al respecto. Según el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) se considera accidente de trabajo aquel que una persona haya tenido «con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena«. Sin embargo, también se consideran accidentes laborales los que se pueden tener en el camino al trabajo, los cuales reciben el nombre de «accidentes in itinere».

Para la cobertura de todas las contingencias que pudiesen suceder en este ámbito, es fundamental contar con la labor de la Mutua colaboradora que la empresa tiene contratada. La labor de la Mutua consistirá en ocuparse de la asistencia sanitaria al trabajador, así como de la prestación por incapacidad temporal en el caso de que ésta se produjese, la posible rehabilitación, etc.

La actuación inmediata

Como es obvio, un buen sistema de prevención ha de completarse con un adecuado protocolo de actuación en el caso de que, aún habiendo puesto el cuidado necesario, se produzcan los accidentes en el trabajo, de cara a que estos afecten de forma mínima el funcionamiento regular de la empresa, y no supongan un mayor problema para el trabajador ni para el empresario.

Así, en caso de producirse un accidente con resultado de lesión para el trabajador, será importante mantener la calma, y realizar paso a paso los trámites necesarios para dejar constancia, de forma adecuada, de lo sucedido. En primer lugar, el trabajador deberá acudir inmediatamente al servicio de atención médica más próximo, y de forma preferente, a aquel que disponga su Mutua de previsión, con el volante de atención que le facilite la empresa, y que indique que su lesión ha sido consecuencia de un accidente. En caso de que el accidente se produzca «in itinere» el trabajador deberá comunicarlo inmediatamente a la empresa, para después acudir al centro de salud, indicando los datos del accidente y de la empresa.

Además de lo anterior, la empresa tendrá la obligación de realizar un parte de accidente, con el fin de detallar debidamente las circunstancias en las que se ha producido, y los medios que se habían tomado para evitarlo, con el mayor número de pruebas posibles. En la mayoría de los casos, si el accidente no es grave, o no existen dudas ni conflictos sobre la forma en la que se ha producido, no se llevarán a cabo más trámites al respecto, además de los necesarios para la curación del trabajador.

Riesgos y responsabilidades

No obstante lo anterior, es preciso tener en cuenta que, ante un accidente que entrañe una importante gravedad, bien por las lesiones producidas, por el riesgo generado, o por el conflicto que haya supuesto el hecho entre trabajador y empresario, la empresa estará expuesta a una importante serie de consecuencias legales, que a continuación describimos.

En este sentido, establece el artículo 42 de la LPRL que “el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento”. Es decir, que en caso de que se haya producido un accidente de especial gravedad, la empresa deberá responder ante múltiples organismos administrativos e incluso judiciales en los siguientes ámbitos:

  • Administrativa, ante Inspección de Trabajo, si se han incumplido las normas en materia de prevención, anteriormente indicadas.
  • Penal, si este incumplimiento ha sido especialmente negligente, y ha causado un riesgo o daño importante contra la salud o la vida de los trabajadores.
  • Civil, si como consecuencia de todo lo anterior, se produce la obligación de abonar indemnizaciones a los afectados, los cuales, en caso de actuación negligente, no cubrirá ningún seguro.
  • Laboral, en caso de que el accidente haya devengado el derecho del trabajador a percibir prestaciones por incapacidad permanente (Parcial, Total, Gran Invalidez, etc…).

Conclusiones

Como hemos visto, los accidentes laborales forman parte de la rutina diaria del mundo laboral, ya que dependen a menudo de causas fortuitas, imprevisibles o de fuerza mayor, a pesar de las medidas de prevención que pudieran establecerse. Es por ello que una buena actuación, bien informada y con un protocolo determinado, resultará indispensable para lograr reducir, de cara al futuro, la siniestralidad en las empresas o, cuanto menos, la siniestralidad de mayor gravedad.

Para finalizar, les ofrecemos un fragmento del programa de televisión Ahora de la cadena ETB2, en el que, con motivo de un accidente laboral con resultado de muerte del trabajador, nuestro compañero Borja Arbosa realizó una breve reseña sobre estos casos.

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Novedades fiscales

En los primeros meses de 2017 no son pocos los proyectos de reforma y modificaciones que tienen pendiente aprobar tanto nuestras Diputaciones forales como el Ministerio de Hacienda. Por ello, en BasqueLaw Abogados, consideramos conveniente informarles, a través de un breve resumen, de las modificaciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses.

Plusvalía Municipal

En primer lugar, se procederá a la modificación de la plusvalía tras la Sentencia del Tribunal Constitucional, ya publicada en nuestro último artículo. En consecuencia, la referida modificación del impuesto, afectará a la financiación de las Entidades locales (Ayuntamientos), ya que se trata de un impuesto municipal que ha quedado anulado en los casos de ventas de inmuebles sin ganancia o con pérdidas patrimoniales.

Por todo ello, estamos pendientes de la reunión solicitada por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) con el Gobierno a efectos de analizar la modificación del referido impuesto.

Declaración de Bienes en el Extranjero

En segundo lugar, Hacienda no modificará las sanciones por la no declaración de los bienes en el extranjero (modelo 720), a pesar de que la Comisión Europea ha dado un plazo de 2 meses al Reino de España para que proceda a modificar las multas que han calificado de “desproporcionadas”.

Las sanciones aplicadas, en la actualidad, son las siguientes:

  • 5.000€ por cada dato omitido (con un mínimo de 10.000€).
  • Imprescriptibilidad del fraude.
  • Imputación de los bienes no declarados como una ganancia patrimonial no justificada en el último período de los ejercicios no prescritos.
  • Sanción del 150% del valor o bien no declarado.

En el caso de no llevarse a cabo modificación, quedamos pendientes de que se lleve el presente conflicto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que éste determine, mediante Sentencia, la procedencia o improcedencia de las sanciones señaladas.

Devolución de Cláusulas Suelo

Por último, vamos a hacer referencia a los afectados por las cláusulas suelo hipotecarias. La Diputación Foral de Bizkaia aprobará, por vía de urgencia, el Decreto acordado con las Haciendas forales de Álava y Gipuzkoa, la exención de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) para los intereses devueltos por las cláusulas suelo hipotecarias. Es decir, “no se integrará en la base imponible del impuesto, la devolución de las cantidades satisfechas en concepto de interés” y, por ello, quedarán exentos de pago todos los intereses devueltos por las entidades financieras tanto por las cantidades pagadas de más como por los intereses indemnizatorios.

No obstante, revisarán las deducciones aplicadas por los contribuyentes por la adquisición de vivienda habitual, en los ejercicios no prescritos a efectos de corregir las deducciones aplicadas erróneamente.

En el caso de que no sean considerados como vivienda habitual, las deducciones se llevarán a cabo vía liquidación complementaria (una por cada ejercicio no prescrito) y, respecto de las cantidades devueltas por las cláusulas suelo, siendo un posible gasto deducible, se perderá el derecho a deducción pero no se aplicaran sanciones, ni intereses de demora ni recargo alguno.

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La revisión de la plusvalía

El pasado 12 de agosto publicábamos un artículo en nuestra pagina web acerca del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como la “Plusvalía Municipal”, un impuesto cuya regulación legal estaba empezando a ser cuestionada por parte de los juzgados y tribunales en España, llegando incluso a plantearse su inconstitucionalidad, por ser contrario al artículo 31.1 de nuestra carta magna.

Pues bien, el pasado día 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional confirmó mediante sentencia dichos planteamientos, dejando para el análisis del legislador frases tan importantes como las siguientes: «debe dejarse bien sentado que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión«.

Así, nuestro Alto Tribunal ha sentado las bases para que, desde los poderes legislativos en materia fiscal (Agencia Estatal y Administraciones Forales) se proceda a la revisión normativa de este impuesto, en orden a su adaptación y sometimiento a las reglas del juego que impone nuestra Constitución, hecho que desde este despacho, seguiremos con especial interés, en tanto entendemos que se trata de un tributo con un importante papel en la economía de los ciudadanos y las empresas.

Entre tanto, la noticia ya ha sido difundida por los medios, entre los que se incluye El Correo, que en su edición del pasado domingo, día 26 de febrero, decidió publicar un articulo que recoge, de forma sencilla, los postulados del Tribunal Constitucional, así como una breve explicación del funcionamiento del Impuesto. Para ello, la redactora del articulo contó con la colaboración del Director de nuestro Departamento Jurídico, Borja Arbosa.

 

Del mismo modo, la cadena de radio Onda Vasca emitió, el pasado martes, día 14 de marzo, en su programa matinal Euskadi Hoy, un pequeño espacio dedicado a informar sobre este asunto, en el cual contaron igualmente con la colaboración de nuestro especialista, Borja Arbosa. Podéis volver a escuchar dicha intervención en el reproductor que os facilitamos a continuación.

Fuente: ondavasca.com

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Las cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios

Desde la aparición de la crisis económica en nuestro país, uno de los principales aspectos que han servido para medir el pulso de nuestra situación económica han sido los préstamos hipotecarios. En los primeros años, los protagonistas absolutos fueron los impagos que llevaron a desahucios, pero en estos últimos años, la principal fuente de conflictos se ha trasladado a las conocidas como «clausulas abusivas» de los préstamos.

Sin duda, la principal de estas cláusulas ha sido la llamada «cláusula suelo», pero en absoluto ha sido la única, y el gran número de casos judiciales recaídos con éxito ha desatado una creciente ola de consumidores dispuestos a explorar hasta el último de los aspectos contenidos en su escritura de hipoteca, con la pregunta ¿cuánto de abusivo tiene la mía?

Por todo ello, desde BasqueLaw abogados queremos aportar a todos nuestros clientes y seguidores, que a buen seguro tendrán este tipo de dudas con su situación personal, una vision general de la problemática, y un análisis de los casos concretos que se han ido produciendo en nuestros tribunales.

¿Qué es una cláusula abusiva?

Según el articulo 2 de la Directiva Europea de 5 de abril de 1993, «se considerarán abusivas (…) todas aquellas cláusulas contractuales «que no se hayan negociado individualmente (…) si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato«.

Es decir, nos encontramos ante cláusulas legalmente definidas como Condiciones generales de la contratación: Reciben este nombre porque se aplican de forma colectiva a todos los contratos realizados entre un determinado profesional (el banco) y todos sus consumidores, sin haber existido negociación previa entre ambos, ni darse posibilidad alguna de que la parte prestataria (el consumidor) haya podido excluir del contrato las cláusulas con las que no estuviera conforme.

Pues bien, está práctica, muy habitual en la firma de contratos con entidades bancarias, en general, y en la firma de hipotecas, en particular, está protegida por la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC) y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), hasta el punto de que ha obligado a los jueces a realizar un control activo y exhaustivo de los contratos que pasan por sus manos.

¿Son abusivas todas las condiciones generales?

De entrada, no. Lo será siempre y cuando se den las anteriores condiciones y la entidad financiera haya incumplido las normas de transparencia y protección de los consumidores, en lo relativo a la información que está obligada a suministrar, con carácter previo a la celebración del contrato. Es aquí donde adquiere su importancia la llamada «Oferta vinculante«, que debe ser facilitada al consumidor y debe contener la información clara, precisa, veraz y coherente, al respecto de todos las condiciones esenciales del contrato de préstamo, para ser posteriormente firmada por el prestatario.

Por otro lado, el articulo 85 y siguientes de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, nos indica un catálogo de condiciones que, de estar alguna de ellas incluidas en un contrato celebrado entre un empresario y un consumidor, se considerarán abusivas.

En definitiva, podemos concluir que la definición exacta de cláusula general abusiva, y por lo tanto ilegal, comprende toda estipulación introducida sin previa negociación ni información, que produzca un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, y que haya sido suscrita entre un profesional y un consumidor. No cabe, pues, que una persona distinta (empresario o empresa) pueda reclamar por estos conceptos, ya que no le resultan aplicables.

¿Cómo se reclama?

Aunque existen diversos modos de proceder, lo más habitual suele ser realizar una primera reclamación oficial ante el servicio de atención al cliente de la entidad financiera correspondiente, indicando los detalles de nuestro caso e indicando con claridad el contenido de nuestra solicitud.

El resultado dependerá de la entidad financiera a la que acudamos, y de la magnitud que pueda tener nuestro caso, ya que por su propia naturaleza, estos casos deben ser analizados de forma individual, aunque presenten patrones comunes. Algunas entidades optan por llegar a un acuerdo con el cliente, en pro de obtener una rápida resolución del conflicto que beneficie a ambos. Igualmente, muchos consumidores prefieren el acuerdo ofrecido, ya que evita una vía judicial que en ocasiones se puede tornar excesivamente compleja y costosa, en dinero y esfuerzos.

No obstante, si no se logra una resolución exitosa por esta vía, el último paso es el de interponer una demanda ante los juzgados, buscando obtener una anulación de las cláusulas abusivas de nuestra hipoteca, y en numerosas ocasiones, un resarcimiento económico por las cantidades indebidamente cobradas, así como por los intereses de demora, costas judiciales y otros gastos adicionales que pudieran haberse producido.

¿Qué puedo obtener?

El principal objetivo de la reclamación es la supresión de la cláusula considerada abusiva, quedando a salvo el resto del contrato, por lo que la relación del préstamo persistirá, pero las condiciones del mismo habrán cambiado. Esto puede tener diversas consecuencias, en función de cuál sea la cláusula a eliminar. A continuación les ofrecemos un pequeño análisis pormenorizado de los casos que han visto más habitualmente nuestros tribunales.

Cláusulas suelo

En el caso de suprimir la cláusula suelo, quedará vigente la cláusula de interés variable que tuviera el préstamo, debiendo aplicarse éste en lo sucesivo, y procediéndose, por parte del banco, a la devolución de la diferencia entre dicho interés y el aplicado por la cláusula suelo desde el momento en que ésta se empezó a aplicar, tal y como ha indicado la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 2016, en los asuntos acumulados C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15.

Para más información al respecto de estas cláusulas, pueden consultar nuestro artículo, Las 5 claves de las Cláusulas suelo.

Gastos hipotecarios

Los gastos hipotecarios son todos aquellos costes de formalización de la escritura de hipoteca (Notariales) de inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad (Registrales) y de pago de impuestos (Actos Jurídicos Documentados). Pues bien, en todos los préstamos hipotecarios, el banco ha introducido una cláusula por la cual, se cargaba al consumidor la obligación de pago de todos estos gastos, incrementando de forma correspondiente el importe concedido por la hipoteca.

En este caso, y tal como han indicado recientes sentencias, quien tiene el interés principal en elevar a escritura pública el préstamo con garantía hipotecaria es el prestamista (el banco), que es quien recibe el título ejecutivo acreditativo (la hipoteca). Basándose en este argumento, entiende que debe producirse «una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos«, es decir, que como mínimo, se paguen a medias. Por tanto, se abre la vía a que los consumidores puedan reclamar la mitad de lo que abonaron en su día por estos conceptos.

Comisiones

Según el articulo 3 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios «Sólo podrán percibirse comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos.»

Aunque hoy en día encontramos un buen número de comisiones por distintos conceptos, en el ámbito hipotecario, la más habitual suele ser la «comisión por reclamación de posiciones vencidas«, que se carga siempre que el prestatario (consumidor) incurre en un impago, y que tiene su única causa en el envío de una correspondencia postal de aviso generada automáticamente por la entidad.

Si bien para la mayoría de los consumidores no tendría sentido acudir a una reclamación judicial por estas cantidades, debido a su escasa cuantía (oscilan entre los 18 y los 30 euros por cada impago), hay quienes han aprovechado la coyuntura actual para incluir, como una reclamación más, estos gastos, buscando evitar la situación a futuro, y obtener con ello un beneficio adicional a sus reclamaciones.

Intereses de demora

A propósito de las situaciones de impago, otro de los puntos que ha traído una importante controversia en lo relativo a cláusulas abusivas ha sido el interés de demora establecido en los préstamos para las cantidades que hubieran quedado pendientes, y que en muchas ocasiones han llegado a alcanzar un 30%.

Sobre esto, la Sentencia del Tribunal Supremo 364/2016 de 3 de junio, fijó como doctrina jurisprudencial que en los contratos de préstamo concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada que fija un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado.

Es por ello que muchos consumidores han acudido, igualmente, a su entidad bancaria, y subsidiariamente, a los tribunales, para que dicha cláusula sea corregida, en orden a cumplir con la legalidad vigente.

Hipotecas multidivisa y sistemas complejos

Si bien han tenido una menor incidencia que los casos anteriores, no podemos dejar de mencionar en este artículo aquellas hipotecas que han sido concedidas en una divisa extranjera, o tienen como indice de referencia para el cálculo de intereses hipotecarios, uno distinto del habitual EURIBOR.

En el caso de las hipotecas multidivisa, el perjuicio generado para el consumidor puede tener una magnitud mucho mayor, al haber alterado de forma sustancial los importes pendientes de amortización, en un préstamo, ya de por sí, de elevada cuantía. Por supuesto, la consecuencia lógica aplicada por los tribunales ha sido la de restaurar el importe del préstamo a Euros, realizando los ajustes correspondientes sobre la amortización producida. Para más información al respecto, pueden leer nuestro artículo: ¿Son recurribles las hipotecas multidivisa?.

Por su parte, en aquellos préstamos suscritos a un interés de referencia distinto del Euribor, como por ejemplo, el IRPH, se han producido igualmente casos de nulidad por parte de los tribunales, que han obligado a la entidad a modificar el tipo de interés, volviendo éste al Euribor o, incluso en ocasiones, desapareciendo, quedando el préstamo otorgado sin intereses.

Control de oficio en procedimientos monitorios y desahucios

Finalmente, otra consecuencia importante derivada de estos hechos la hemos podido ver en los procedimientos de reclamaciones de deuda (monitorios) y de desahucio de viviendas por impago, en los cuales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó al legislador español a incluir un mecanismo de protección al consumidor, mediante un control previo por parte de los tribunales de la abusividad de las cláusulas del contrato.

Así, la Ley 42/2015, de 5 de octubre, introdujo en la Ley de Enjuiciamiento Civil el siguiente texto: «Si la reclamación de la deuda se fundara en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, el secretario judicial, previamente a efectuar el requerimiento, dará cuenta al juez para que pueda apreciar el posible carácter abusivo de cualquier cláusula que constituya el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible. El juez examinará de oficio si alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible puede ser calificada como abusiva» (artículo 815.4 LEC).

Por tanto, ante cualquier reclamación de este tipo, los jueces ya están actuando en este sentido, protegiendo al consumidor, e indicando, en cada caso, si a su juicio se ha producido un desequilibrio basado en la aplicacion de cláusulas abusivas.

Conclusiones

Como hemos visto, no son pocas, ni de escasa importancia, las causas que se han dado en reclamación contra la banca, y no se descarta que, en lo sucesivo, se puedan ver más y más resoluciones judiciales que den respuesta, en uno u otro sentido, a tantas reclamaciones efectuadas por parte de consumidores.

El gobierno, por su parte, también ha anunciado, de forma reciente, su intención de tomar partido en este asunto, mediante la publicación de diversas normas que otorguen una mayor seguridad jurídica a estos asuntos, y faciliten una resolución amistosa entre las partes que evite, a su vez, una sobrecarga de trabajo en nuestras instancias judiciales.

Entre tanto, desde BasqueLaw Abogados, no podemos sino recordar a nuestros clientes que el asesoramiento profesional en este ámbito resulta fundamental, tanto de forma preventiva (con carácter previo a la firma de la hipoteca) como posterior, en caso de que tengamos la necesidad, o nos veamos obligados a reclamar nuestros derechos.

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La reclamación por despido

Durante los últimos años, la evolución de nuestro mercado laboral, en consonancia con nuestro modelo social y económico, ha marcado un importante aumento de las extinciones contractuales, un proceso a menudo complejo y que resulta de vital importancia conocer al detalle, para cualquier trabajador o empresa. Así, hace aproximadamente un año publicábamos un articulo con 10 consejos básicos para un trabajador ante una situación de despido en la empresa.

No obstante, en BasqueLaw Abogados, sabemos que la reclamación por despido a menudo se convierte en un impredecible via crucis judicial, en el que consideramos fundamental que ambas partes puedan conocer a qué atenerse, de tal forma que se puedan evitar, en la medida de lo posible, el alargamiento innecesario del mismo, que puede resultar extremadamente frustrante, y costoso, para empresario y trabajador.

La conciliación previa

El primer paso a llevar a cabo después de que nos notifiquen la extinción del contrato de trabajo será presentar una papeleta de conciliación por despido ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) correspondiente, como requisito previo imprescindible para acudir posteriormente a la vía judicial (articulo 63 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

En este punto, debemos tener en cuenta que el requisito más importante a tener en cuenta es el plazo para hacerlo. Disponemos de un máximo de 20 días hábiles, ya que, de lo contrario, nuestra reclamación habrá caducado, y ya no podremos ejercitarla. Se consideran días hábiles, a estos efectos, de lunes a sábado, sin contar festivos. Para realizar el cálculo será recomendable utilizar un calendario oficial de la provincia donde nos encontremos.

Nuestro derecho procesal, en materia laboral, pone mucho énfasis en la conciliación, la negociación, y todos los instrumentos necesarios para evitar ir a juicio, como veremos a continuación. En suma, nuestros profesionales recomiendan siempre negociar, en la medida de lo posible, ya que los acuerdos de despido pactados suelen ser preferibles a los juicios en la mayoría de los casos.

El juicio

Si no existe la posibilidad de avenencia en conciliación, el siguiente paso será el de presentar una demanda por despido ante el Juzgado de lo Social del lugar donde éste se haya producido. De nuevo, tendremos que tener en cuenta que existe un plazo de caducidad para presentar la demanda, que son los 20 días que originalmente nos daban en el apartado anterior, restando aquellos que hayan pasado desde el despido hasta la presentación de la papeleta de conciliación.

Dicho de otro modo, si nos despiden el día 1, y decidimos presentar la papeleta en el día 15, una vez finalice el procedimiento de conciliación, nos quedarán solamente 5 días para presentar nuestra demanda. El plazo de caducidad se interrumpe mientras dure la conciliación, pero se reanuda una vez acabe esta, por lo que tendremos que ser, nuevamente, especialmente cuidadosos con los plazos.

Una vez interpuesta la demanda, y admitida la misma por parte del juzgado, se nos dará una fecha para la vista, en la cual tendremos que acudir con todos los medios de prueba que queramos usar (documentos, testigos, etc…). Para el procedimiento judicial, la ley no exige la presencia de abogado ni de procurador, si bien se recomienda encarecidamente su contratación en la mayoría de casos.

Antes de entrar a la vista, la ley obliga a realizar un último intento de conciliación ante el secretario judicial (articulo 84 de la LRJS), por lo que resulta habitual que, en ocasiones, las partes realicen una última oferta que, en ocasiones, puede ser aceptada, evitando así el inminente juicio.

Posibles sentencias

En primer lugar, hay que tener claro que un juez nunca puede dar más de lo que pidan las partes, por lo que, si no expresamos con claridad y precisión lo que queremos pedir, el juez no lo concederá.

En cuanto a las posibles resoluciones, los artículos 49 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores estipulan que se puede calificar la resolución contractual de la siguiente forma:

  • Despido disciplinario: Se trata del despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador. Las causas del mismo vienen recogidas en los artículos 54 y 55 del ET, y su admisión conlleva la ausencia de indemnización alguna para el trabajador.
  • Despido objetivo: Se incluye en esta categoría la modalidad de despido colectivo, más conocido por Expediente de Regulación de Empleo. Los supuestos están recogidos en los artículos 51, 52 y 53 del ET, y su admisión llevará aparejada una indemnización para el trabajador de 20 días de salario por año trabajado.
  • Despido improcedente: Si un despido no viene justificado por ninguna causa legal, objetiva o disciplinaria que lo ampare, el juez o tribunal que lo resuelva lo declarará improcedente, y llevará aparejado, según el artículo 56 del ET, una indemnización de 33 días por año trabajado (si bien los contratos anteriores al año 2012 pueden tener reconocidos periodos de 45 días por año).
  • Despido nulo: Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador (artículo 55.5 ET). La consecuencia única de un despido nulo es la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los llamados salarios de tramitación.

Según dispone el articulo 55.3 ET, «el despido será calificado como procedente, improcedente o nulo«, por lo que la labor fundamental del juez que ve un procedimiento de esta clase es determinar su calificacion. Igualmente, recordamos que recientemente se ha producido un importante fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en lo referente a los contratos eventuales, el cual detallamos en el siguiente artículo.

Recursos y ejecución

Una vez dictada la sentencia, y si esta no resulta satisfactoria para nuestros intereses, la Ley nos da la posibilidad de interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de nuestra Comunidad Autónoma, para lo cual, tendremos que anunciar nuestra intención de recurrir en un plazo máximo de cinco días desde que nos notifiquen la sentencia.

Igualmente, si como empresa, reconocen el despido del trabajador como improcedente, la ley nos da un plazo improrrogable de 5 días para que manifestemos, de forma expresa, si tenemos intención de readmitir al trabajador en su puesto (con abono de los salarios de tramitación) o si, por el contrario, optamos por indemnizarle con la cantidad que se le haya reconocido en la sentencia.

En caso de no efectuar manifestación alguna, la ley dispone que la empresa deberá readmitir al trabajador, por lo que, si no deseamos hacerlo, tendremos que tener muy en cuenta este plazo. Incluso, la ley permite manifestar, en la misma vista, que en caso de que se declare la improcedencia del despido, la empresa optará por la indemnizacion, por lo que, para asegurar, recomendamos utilizar esta vía.

Finalmente, si como trabajador, y una vez decretada la firmeza del procedimiento (por agotarse los recursos o no haberse ejercitado ninguno) nos encontramos ante la situación de impago, por parte de la empresa, de las cantidades que nos hayan reconocido en la sentencia, podremos acudir al juzgado nuevamente para solicitar su ejecución, y que por el juzgado se decrete el embargo de bienes de la empresa, que asegure nuestro cobro.

Si no podemos cobrar por insolvencia de la empresa, la Ley prevé que podamos acudir al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para el abono de las cantidades que nos adeuden, hasta un límite establecido por el articulo 19 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial. Para ello, tendremos que incluir al FOGASA en nuestra demanda, junto con la empresa, como requisito imprescindible.

Conclusión

Nos encontramos ante un procedimiento que tiene, como principales características, la antiformalidad, la celeridad y la precisión en la fijación de hechos y consecuencias. Un procedimiento bastante bipolar, ya que al mismo tiempo que no exige la intervención de profesionales como abogado o procurador, resulta muy estricto en cuanto a los plazos en demasiadas ocasiones, y muy exigente con las consecuencias de sus incumplimientos.

Por ello, no podemos sino recomendar, encarecidamente a nuestros clientes y seguidores que, en primer lugar, se mantengan bien informados acerca de sus derechos y obligaciones, en un procedimiento que, a buen seguro, tendrán oportunidad de vivir durante su vida laboral. También queremos reiterar la recomendación de que, a pesar de no ser preceptiva su intervención, cuenten con el apoyo y asesoramiento de abogados laboralistas, graduados sociales, o especialistas sindicales, para garantizar una defensa efectiva de sus intereses.

Finalmente, y en caso de que las circunstancias lo permitan, les aconsejamos optar por la negociación entre las partes, o por cualquiera de las formas de resolución alternativas a la vía judicial, ya que en numerosas ocasiones proporcionan a las partes una mayor satisfacción.

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Aportaciones de socios a la financiación de la Sociedad

Una de las principales preocupaciones para aquellas personas que poseen una empresa es su salud económica y financiera, ya que de ello depende, en gran medida, su continuidad a corto plazo. Por ello, no son pocos los socios que, en el momento que la empresa atraviesa por dificultades financieras, deciden aportar dinero de su patrimonio personal para compensar perdidas, aumentar su liquidez o mejorar su imagen de cara a futuros proyectos.

No obstante, existen ciertas formalidades legales y fiscales que debemos tener en cuenta si queremos aportar, como socios, y a titulo personal, dinero o bienes a nuestra sociedad, para evitar que ello nos ocasione problemas en el futuro.

Por todo ello, y desde BasqueLaw Abogados, queremos haceros llegar un articulo publicado por nuestros compañeros de GSA Asesores, especialistas en asesoramiento fiscal, laboral y contable, y que en su pagina web (www.gonzalezsierra.com) publica circulares de gran interés, como la que vamos a reproducir a continuación.

Forma de hacerlo

Tenemos varias opciones para formalizar esta aportación:

En primer lugar, tenemos la opción de realizar una ampliación de capital, escriturando la misma con todos los gastos que correspondan: notario, registro, etc…

En segundo lugar, podemos formalizar esta operación mediante un préstamo de los socios a la sociedad con devengo de un tipo de interés. Se trata de una operación vinculada y por lo tanto debe de devengar un interés, el interés mínimo a aplicar es el mayor de:

  • El Euribor  a un año más 2 puntos, si el prestatario es una sociedad, o 5 puntos si es una persona física.
  • El tipo medio de los préstamos  entre las partes vinculadas en los dos últimos años.

También podemos optar por registrar estas aportaciones en la cuenta 118 del Plan General Contable (Aportaciones de socios o propietarios, previo acuerdo de la Junta General). Esta cuenta, desde el punto de vista contable, puede ser utilizada con otra finalidad que no sea la de compensar pérdidas, en concreto el PGC indica que se incluirán los elementos patrimoniales entregados por los socios o propietarios de la empresas, cuando actúen como tales, en virtud de operaciones no descritas en otras cuentas y que no constituyan pasivos.

Por último, existe la opción de utilizar la cuenta 551 del PGC (Cuenta Corriente con socios y administradores). Esta última opción no es aconsejable, solamente lo será en aquellos casos en los que funcione como una autentica cuenta corriente, esto es, a corto plazo existan cargos y abonos, porque de lo contrario, si el saldo es deudor para la compañía (la compañía presta dinero al socio) y permanece sin que existan cargos y abonos, será tomado por la Hacienda Foral como un pago de dividendo encubierto, (préstamo sociedad a socio) y debería devengar un interés de Euribor a un año más 5 puntos. Por el contrario, si el saldo es acreedor (el socio presta dinero a la empresa) será un préstamo socio a sociedad exigiendo el interés Euribor + 2 puntos.

Consecuencias fiscales

Desde un punto de vista fiscal, y hasta el porcentaje de participación que posea el socio aportarte, no se considera que tiene retribución, el exceso se considerará ingresos del ejercicio, según el artículo 18.11 de la Ley de Impuesto de Sociedades. En definitiva, quiere decirse que si todos los socios aportan en el porcentaje que poseen en la sociedad, no tiene ninguna repercusión desde el punto de vista fiscal.

Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si se trata de una sociedad con dos socios teniendo cada uno de ellos el 50 % de participación, y uno de los socios aporta 10.000 euros, y el otro no aporta nada, entonces desde el punto de vista fiscal 5.000 euros (50% de la aportación) se considerarán ingresos del ejercicio.

También hay que recordar que desde el 1 de enero de 2010 se extienden las exenciones en Operaciones Societarias (OS) a todo tipo de empresas. Se exime así de tributar al 1% a todas las compañías en las siguientes operaciones: la constitución de sociedades, el aumento de capital, las aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de capital y el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen situadas antes en un Estado miembro.

Conclusiones

Como sabemos, la financiación a corto plazo es un problema habitual de las pequeñas sociedades, más si cabe en las limitadas, en las que el capital social es muy reducido (la mayor parte de 3.000 euros, el mínimo exigido por el artículo 4.1 de la Ley de Sociedades de Capital), y ante la escasez de financiación bancaria, ha provocado que en algunas ocasiones los socios tengan que aportar financiación adicional a la empresa.

Por ello, recomendamos encarecidamente a todos nuestros clientes y seguidores que, ante la circunstancia de tener que realizar una operación de estas características, acuda a su asesor y se informe debidamente, para evitar causar con ello un perjuicio mayor al beneficio que se pudiera obtener.

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Revisión de los Valores Catastrales en Bizkaia

El pasado 6 de julio de 2016 se aprobó el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 118/2016, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Catastro Inmobiliario Foral del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 6/07/2016).

Por ello, en BasqueLaw Abogados vamos a realizar un análisis de las consecuencias de esta nueva Norma, así como una breve comparativa respecto del Valor Mínimo Atribuible (VMA) también empleado por el Departamento de Hacienda y Finanzas para determinados Impuestos.

¿Qué es el Valor Mínimo Atribuible (V.M.A.)?

El VMA es un valor mínimo de mercado, fijado unilateralmente por la Diputación Foral de Bizkaia, para bienes inmuebles tanto de naturaleza urbana como rústica. Es un concepto único en Bizkaia, ya que solo se utiliza en este territorio histórico, siendo aplicable para los inmuebles localizados en el resto de territorios del Estado, el Valor Catastral.

Este valor se utiliza para comprobar el valor declarado como base imponible en la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD). Es decir, que si un contribuyente realiza una compraventa de inmuebles, deberá tributar por este mínimo, a pesar de que el precio de la compraventa hubiera sido menor.

El VMA se puede conocer por cualquier interesado, es un valor automatizado y público, y no es recurrible, siéndolo los posibles actos administrativos que en él se funden. Para comprobar cual es el valor asignado a nuestro/s inmueble/s, la Hacienda Foral de Bizkaia pone disposición de los ciudadanos la Oficina Virtual del Catastro.

Una vez explicado, brevemente, qué es y para qué se emplea el V.M.A., importante para no llevarnos a confusión con los diferentes Impuestos que nos afectan cuando poseemos o transmitimos un inmueble, vamos a profundizar en la materia que nos ocupa, la revisión de los Valores Catastrales en Bizkaia (V.C.) tras más de 30 años sin ser actualizados.

¿Qué es el Valor Catastral (V.C.)?

El V.C. es un valor administrativo determinado para cada bien inmueble en el que se diferencian dos valores:

  1. El valor del suelo.
  2. El valor de la construcción o vuelo.

¿Cuándo se aplica el V.C. en Bizkaia?

En la actualidad, son dos los impuestos afectados:

  1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
  2. El Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía Municipal).

¿En qué me afecta la Revisión de los Valores Catastrales en Bizkaia?

Los nuevos valores catastrales se aplicarán a partir del 1 de enero de 2017. Esta revisión supone un incremento de la valoración de los inmuebles en Bizkaia que afectará a aquellos impuestos que emplean el valor catastral, ya citados en el epígrafe anterior. No obstante, también se ha aprobado una rebaja de los tipos impositivos y, en consecuencia, el IBI se incrementará de forma moderada.

¿Cómo se notifica a los ciudadanos y cuál es el plazo para recurrir?

Se ha comenzado a notificar a las personas físicas titulares de inmuebles en el Territorio Histórico de Bizkaia, por correo postal, en la que se les remite una carta con unas claves para acceder a la página web del catastro.

En caso de no haber recibido la notificación con las claves, es posible que reciban un correo certificado con los datos referentes a su inmueble. En caso contrario, les recomendamos que acudan de forma presencial a recoger su notificación en las oficinas habilitadas solicitando cita precia en el 946.125.500.

Deberán comprobar que los datos que figuren en el catastro son correctos ya que, una vez notificado, dispone de un mes desde el día siguiente de la notificación para interponer el recurso que corresponda bien de forma presencial o electrónicamente.

¿Cómo se notifica a las empresas y cuál es el plazo para recurrir?

Las personas jurídicas sólo podrán acceder por vía telemática y para ello es necesario que dispongan alguno de los certificados de firma digital reconocidos tales como la Izenpe, el FNMT, etc.

El plazo para acceder a la notificación finaliza el 5 de octubre y, aunque no accedan a la misma, se entenderá que han sido notificados y comenzará a transcurrir el plazo para interponer recurso.

En caso de tener interés de interponer recurso será de 30 días contados a partir de la recepción de la notificación por medios telemáticos.

¿Cuándo es recomendable interponer recurso?

Únicamente cuando existan errores en la titularidad o en las características de los inmuebles tales como año de edificación, uso o superficie del mismo. Además, en caso de interponer recurso deberán aportar las pruebas pertinentes como, por ejemplo, las escrituras de compraventa en caso de existir error en la titularidad.

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Contratación temporal y la UE

Uno de los déficits mas importantes del actual sistema laboral español, el cual se ha intensificado en estos años de crisis, es la brecha existente entre las diferentes modalidades de contratación que a día de hoy contempla nuestra legislación. Durante estas ultimas semanas, hemos podido conocer dos importantes sentencias del Tribunal de Justicia de la Union Europea, que ponen, nuevamente, en cuestión, algunas de las desigualdades que se han ido generando, a la vez que ponen un importante toque de atención en el legislador.

Por ello, desde BasqueLaw Abogados, queremos realizar un breve comentario sobre estas resoluciones, y sobre el marco legal que las rodea, al ser conscientes de la importancia que estos contratos tienen en la vida diaria, tanto para las empresas como para los trabajadores.

Situación Actual

Actualmente, la normativa básica sobre la contratación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Concretamente, el artículo 15 de este texto, nos dice que «el contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada«, añadiendo que «podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos: a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta. (…) b) Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. (…) c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución».

De esta forma, vemos como, a pesar de que nuestro sistema laboral contempla en primer lugar los contratos de carácter indefinido, concede al mismo tiempo un margen amplio para la realización de contratos temporales. Pero, ¿Qué importancia tiene este hecho? ¿Qué diferencia, en la práctica, a los contratos indefinidos de aquellos de carácter temporal?

Pues bien, mas allá de la situación transitoria o de la falta de seguridad que para un empleado pudiera suponer no tener el contrato garantizado, la ley le otorga una serie de desventajas, entre las que destaca una menor indemnización por finalización de la relación laboral (o despido). Así, según la DT 13ª del ET, la indemnización prevista a la finalización del contrato temporal establecida en el artículo 49.1 c) de esta Ley se aplicará de modo gradual conforme al siguiente calendario:

  • Ocho días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren hasta el 31 de diciembre de 2011.
  • Nueve días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2012.
  • Diez días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2013.
  • Once días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2014.
  • Doce días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2015.

Por su parte, los trabajadores indefinidos, poseen los siguientes derechos económicos en caso de extinción de su relación laboral:

  • Treinta y tres días de salario por cada año de servicio para los despidos improcedentes (45 antes de febrero de 2012), según el articulo 56 ET.
  • Veinte días de salario por cada año de servicio para los despidos objetivos y colectivos, según el articulo 53 ET.

Normativa Europea

A nivel europeo, el legislador comunitario posee una amplia experiencia en la lucha contra la desigualdad entre los contratos indefinidos y temporales, y prueba de ello la tenemos en la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Pues bien, a tenor de lo establecido en el art. 2 de la Directiva, los Estados miembros debían poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, entre la cual, podemos encontrar pronunciamientos como los siguientes:

«No podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.»

«Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para los trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas.»

«A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada los Estados miembros, (…), cuando no existan medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, introducirán (…), una o varias de las siguientes medidas: a) razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales; b) la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada; c) el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.»

«Los Estados miembros, (…), cuando resulte sea necesario, determinarán en qué condiciones los contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada: a) se considerarán «sucesivos»; b) se considerarán celebrados por tiempo indefinido.»

De esta manera, el legislador europeo pretendía poner un límite a la situación de desigualdad existente en la regulación laboral, la cual hacia posible la existencia de abusos en la contratación temporal, y la utilización de esta figura como una forma de elusion de los derechos de los trabajadores.

Puntos de Conflicto

No obstante, como cualquier otra Directiva, sus efectos directos en nuestro país iban a depender de la transposición que, de la misma, hicieran los organismos estatales, para su adecuación a nuestras leyes. Así, encontramos el primer acercamiento a la misma en la Ley 12/2001, de Medidas urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. Mediante esta ley se introdujo, por primera vez, un límite al uso de los contratos temporales, mediante la inclusión del actual articulo 15.5 del ET, que establece que «los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos

Así, nuestro legislador pretendía evitar que se produjesen abusos en la contratación temporal en detrimento de los derechos del trabajador, lo que, sin embargo, no solucionaba completamente el problema, ni reproducía fielmente el mandato del legislador europeo, como veremos a continuación. En primer lugar, porque, según el ultimo párrafo del articulo, este no sería de aplicación a los contratos formativos, de relevo e interinidad, a los contratos temporales celebrados en el marco de programas públicos de empleo-formación, así como a los contratos temporales que sean utilizados por empresas de inserción debidamente registradas y el objeto de dichos contratos sea considerado como parte esencial de un itinerario de inserción personalizado.

Por otro lado, nuestro Estatuto de los Trabajadores no equipara, a efectos de la percepción de una indemnización por extinción de la relación laboral a los contratos de interinidad y los contratos formativos, los cuales no poseen los citados derechos. Tampoco contemplaba equiparar estos derechos a los trabajadores especiales, como por ejemplo, a los artistas, cuya regulación laboral se contiene en el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos, y abarca un gran número de opciones adicionales de contratación temporal.

A esto hay que añadir que el citado artículo fue suspendido de aplicación entre el 31 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, computándose en todo caso a los efectos de lo indicado en dicho artículo los periodos de servicios transcurridos, respectivamente, con anterioridad o posterioridad a las mismas, hecho que hizo que, en muchos casos, los trabajadores no pudieran hacer valer sus derechos en un periodo de tiempo muy superior al normal.

La doctrina del TJUE

Como hemos dicho, el pasado día 14 de septiembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó dos sentencias de gran interés que nuevamente ponen en relieve los derechos de los trabajadores temporales. Se trata de la STJUE (Sala Décima) de 14 de septiembre de 2016, en el asunto C‑16/15 y la STJUE (Sala Décima) de 14 de septiembre de 2016, en el asunto C‑596/14. Ambos casos fueron planteados mediante cuestión prejudicial desde el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n.º 4 de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, respectivamente, para resolver asuntos relacionados con los derechos laborales del personal eventual interino.

La primera de las cuestiones tiene lugar con una trabajadora del Servicio Madrileño de Salud, relación laboral sobre la que se aplicaba la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Relación que quedaba, por lo tanto, al margen del Estatuto de los Trabajadores, y de la aplicación de su articulo 15.5 para la limitación del uso de la contratación temporal. Pretendía el Tribunal, por tanto, que dicha relación tuviera un límite, y su extinción generara, a su vez, derecho a indemnización por parte del trabajador, equiparable a la de cualquier otro trabajador temporal.

En el segundo caso, nos encontramos ante una trabajadora que prestó sus servicios durante 9 años en el Ministerio de Defensa como eventual interina, finalizando dicha relación con la reincorporación de la persona titular del puesto. En este caso, el TSJ de Madrid va más allá, y plantea la siguiente cuestión: ¿los trabajadores con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento determinado, han de percibir a la finalización del contrato la misma indemnización que correspondería a un trabajador con contrato de duración indefinida comparable cuando el contrato de éste se extingue por causas objetivas?

Pues bien, el Tribunal Europeo ha resuelto que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «condiciones de trabajo» incluye la indemnización que un empresario está obligado a abonar a un trabajador por razón de la finalización de su contrato de trabajo de duración determinada. Este pronunciamiento abre la puerta a que nuestros juzgados y tribunales puedan apreciar la irregularidad de nuestra legislación laboral, y con ello, promover un cambio que permita que, tras la extinción de un contrato laboral por tiempo determinado, se deba entregar al trabajador una indemnización equivalente a la de una extinción de un contrato indefinido por causas objetivas (20 días de salario por año de servicio).

Finalmente, el TJUE responde a la última de las preguntas, respecto de la exclusion de los contratos de interinidad, afirmando que el mero hecho de que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización. Así pues, no solo otorga a los trabajadores temporales el marco de aplicación de los indefinidos, sino que hace extensible dicha situación a aquellos que, hasta ahora, no gozaban de derecho alguno a percibir la citada indemnización.

Conclusiones

Sin duda, estamos ante unas sentencias de una magnitud importante, en tanto ponen en cuestión un aspecto fundamental de nuestro sistema de contratación. Estos asuntos son fruto de las lagunas que nuestro legislador ha dejado sin completar, y a las que anteriormente hemos hecho referencia. ¿Pueden existir puestos que, por su naturaleza, permitan ser contratados de forma temporal sin límite alguno? ¿La equiparación de las condiciones laborales entre trabajadores fijos y temporales incluye todas las consecuencias, como por ejemplo, la existencia de indemnización por despido?

No son pocos los asuntos que, para responder a estas preguntas, han conocido nuestros juzgados y tribunales, por lo que, resulta evidentemente necesario que nuestro legislador aborde, a la mayor brevedad posible, una armonización legal al respecto, que ponga fin a este tipo de conflictos. Por su parte, tanto a los empleadores como a los empleados, les queda la preocupación de estar al corriente de las novedades que, en aplicación de esta doctrina, vayan aplicando nuestros jueces.

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