La plusvalía municipal

De entre los muchos impuestos que contiene el sistema tributario español, uno de los que ha sido puesto en entredicho con mayor frecuencia durante el último año ha sido el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), al cual se le conoce comúnmente como la “Plusvalía Municipal”.

Este impuesto supone una de las mas importantes fuentes de financiación para nuestros Ayuntamientos, y al mismo tiempo, un importante desembolso para los ciudadanos, utilizando además para su cálculo una fórmula bastante opaca para el ciudadano.

Por ello, desde BasqueLaw Abogados queremos ofrecer a nuestros clientes y seguidores una explicación de todas las características legales de este impuesto, así como de los problemas legales que ha generado en los últimos años.

Concepto

La plusvalía municipal está regulada por los artículos 104 a 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba la Ley de Haciendas Locales. Se trata de un tributo que existe desde inicios del siglo XX, inicialmente bajo el nombre de “arbitrio de plusvalía”. En Bizkaia, se utiliza la Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

En estos artículos se establece la estructura tributaria básica del impuesto: definen el hecho imponible y los sujetos pasivos del tributo, y establecen el marco general dentro del cual los municipios pueden concretar, mediante sus ordenanzas fiscales, los parámetros para computar la base imponible, el tipo de gravamen y ciertas reglas relativas a la gestión tributaria.

Como hemos mencionado anteriormente, al ser un impuesto de carácter municipal, cada ayuntamiento puede establecer, mediante ordenanzas, sus propios tipos impositivos, aunque la fórmula para su cálculo sea común, como veremos a continuación.

Este impuesto se origina en caso de transmisión de un inmueble urbano (piso, solar, plaza de garaje, trastero, etc) o de constitución o transmisión sobre el mismo de algún derecho real (usufructo, uso y habitación, derecho de superficie). Están comprendidos, entre otros, los siguientes supuestos:

  • Compraventa, donación, permuta, adquisición o liquidación en pago de deudas.
  • Herencia testada o intestada.
  • Enajenación en subasta pública o expropiación forzosa.

Cálculo

Una vez conocemos en qué circunstancias se aplica el impuesto de plusvalía, la fórmula para el cálculo del mismo se determina mediante los siguientes conceptos:

La Base imponible: Según lo dispuesto en el artículo 107 de la LHL (art 4.2 de la NF de Bizkaia) la base imponible se determina en función del aumento de valor del terreno en el momento del devengo del impuesto (el momento de su compraventa, herencia o cualquier otra enajenación). Para determinarlo, utilizaremos de referencia el valor a efectos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El porcentaje de aumento de valor: Una vez conocemos el valor del terreno, la Ley le aplica un porcentaje en función del periodo de tiempo durante el cual hemos sido propietarios del mismo, y hasta un máximo de 20 años. De esa forma, se determina la cantidad sobre la cual se ha producido el aumento de su valor.

Tipo de gravamen: Finalmente, sobre la cantidad obtenida se aplica el porcentaje del impuesto, el cual, según el artículo 108 de la LHL (art. 5 de la NF de Bizkaia), queda al arbitrio de cada ayuntamiento, con el límite máximo del 30%.

Así, a modo de ejemplo, si decidimos vender un inmueble en Pamplona, cuyo valor a efectos de IBI es de 150.000 euros, y que compramos hace 5 años:

  • Base imponible: 150.000€
  • Porcentaje de aumento: 3,7 anual (18,5%)
  • Resultado del aumento: 27.750€
  • Tipo de gravamen: 18% (según ordenanza municipal de Pamplona)
  • Total a pagar: 4.995€

Problemática jurídica

Como hemos podido ver, una de las características principales de este impuesto es que su cálculo se realiza de forma objetiva, es decir, sin tener en cuenta el incremento concreto que pueda haber experimentado cada bien o terreno sobre el que se realiza. Sin duda, este es el punto principal de la polémica que ha generado, pero no es el único.

Otra fuente de problemas ha venido a raíz de la determinación del sujeto obligado al pago de este impuesto. A este respecto, la norma tributaria es muy clara: Si el bien se transmite de forma onerosa (compraventa), lo cual es lo más habitual, será el vendedor el que tendrá que pagarlo. Si, por el contrario, se transmite de forma lucrativa, es decir, sin contraprestacion por el adquirente (caso de donación o herencia) será este ultimo el que tendrá la obligación de pagarla.

A pesar de ello, es común encontrar casos en los que ambas partes pactan, en la compraventa, trasladar la carga del pago del impuesto a la otra parte. Lo más habitual es que, en una compraventa de un inmueble, se cargue a la parte compradora, ademas de con el pago del precio del inmueble, y de los gastos de adquisición (Notario, registros, etc…) con el abono de este impuesto. Hacienda, no obstante, es ajena a estos pactos, y seguirá exigiendo el pago del impuesto a la persona que legalmente tiene la obligación de afrontarlo.

Esta situación, a priori sencilla, ha generado una serie de conflictos en el ámbito del derecho de los consumidores. Muchos compradores, los cuales han adquirido su vivienda a través de profesionales del sector (constructoras, inmobiliarias, etc…), han descubierto posteriormente este tipo de pactos en sus contratos, sin haber sido informados previamente, lo cual ha dado lugar a procesos judiciales de reclamación por haber utilizado cláusulas abusivas. Recientemente, nuestro Tribunal de Justicia Europeo ha dictado una sentencia de fecha 16 de enero de 2014, asunto C-226/2012, en el que apreciaba esta situación de nulidad por repercutir al consumidor el pago de una cantidad cuyo abono correspondía por ley al profesional.

Resoluciones judiciales

Con todo ello, la actualidad judicial reciente en el ámbito de la plusvalía municipal ha venido marcada por las primeras resoluciones que han admitido, en nuestro país, el argumento de que no se puede imponer el impuesto si se puede acreditar que no ha habido incremento de valor. Dicha situación se ha vuelto más habitual en los últimos años, en los que, a causa del estallido de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente devaluación del precio de las viviendas, muchas compraventas se han cerrado por un precio inferior al de adquisición, es decir, sin haber producido una ganancia patrimonial al vendedor.

Adicionalmente, las malas practicas de muchos ayuntamientos a la hora de exigir el cobro, que en ocasiones han llegado a casos de ejecución hipotecaria o de dación en pago, a pesar de que no exista plusvalía alguna en estos casos, han llevado a muchos juzgados y tribunales a condenar a su reintegro al contribuyente.

Incluso, por parte de varios juzgados se han planteado cuestiones al Tribunal Constitucional para que aclare si la regulación actual del impuesto puede ser contraria al artículo 31 de la Constitución Española, que señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, así como si resulta limitar el derecho de defensa previsto en el artículo 24 de la Constitución, al no contemplar la posibilidad de que la transmisión produzca una pérdida o minusvalía y, por lo tanto, no admita prueba en contrario.

Conclusiones

Tras examinar el articulo, podemos concluir que nos encontramos ante un impuesto que muy probablemente deba sufrir una transformación importante durante los próximos años, tanto en lo relativo a su regulación legal, como en lo que respecta a su aplicación práctica. Los juzgados han abierto una importante vía en este sentido, y es solo cuestión de tiempo que, al igual que ha sucedido con otros tributos y tasas controvertidas, el Tribunal Constitucional pueda declarar su nulidad o inaplicación parcial o total, lo que obligaría a nuestra Hacienda Publica a replantear la forma del mismo.

Entre tanto, la responsabilidad de continuar en la pelea por su correcta aplicación corresponde todavía a los abogados, procuradores y jueces, que previsiblemente verán un aumento importante en su carga de trabajo en este ámbito. Son muchos los contribuyentes que han decidido, alentados por estas noticias, iniciar litigios contra sus administraciones locales, y de seguir así, el número de ellos irá seguramente en aumento.

¿Te ha gustado este articulo?

Si tienes dudas, quieres ampliar la información, o quieres realizarnos una consulta, contáctanos.

Horario de Verano

Estimados clientes.

Les informamos de que, a partir de mañana dará comienzo nuestro Horario de Verano en nuestras oficinas, por lo que nuestro horario de atención presencial será únicamente de mañana, de 09:00 a 14:00 horas.

Dicho horario permanecerá durante los dos próximos meses de Julio y de Agosto, regresando el 1 de Septiembre a nuestro horario habitual.

Del mismo modo, les informamos de que las oficinas permanecerán cerradas los días 22 al 26 de Agosto, coincidiendo con la celebración de la Aste Nagusia de Bilbao.

En todo caso, les recordamos que pueden seguir utilizando nuestros métodos de contacto habituales.

Agradecemos su atención y les deseamos unas felices vacaciones.

pie de pagina newsletter

¿Te ha gustado este articulo?

Si tienes dudas, quieres ampliar la información, o quieres realizarnos una consulta, contáctanos.

Los arrendamientos urbanos – Parte II

El pasado día 13 de abril conocimos que el arrendamiento de un inmueble conlleva una serie de obligaciones importantes para ambas partes, que a menudo no se llevan a cabo, por desconocimiento o por desidia. Hoy finalizaremos el repaso a estas obligaciones, haciendo hincapié en aquellas que son más importantes para la parte arrendadora.

Deposito de fianzas

Tal y como adelantamos en el capitulo anterior, la regulación referente a la fianza ha sufrido un importante cambio en la Comunidad Autónoma Vasca con la entrada en vigor de la Ley 3/2015. En ella se establece que el arrendador debe depositar la fianza en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de formalización del contrato, en las oficinas del organismo Zuzenean (enlace a su página web).

Para depositar la fianza, la persona o entidad arrendadora ha de cumplimentar el formulario oficial de depósito disponible en Euskera y Castellano, en sus oficinas y en la página web. El ingreso se realiza a través del Sistema de Pagos y Cobros de la Administración. Junto con el formulario y el justificante del ingreso, es preciso presentar una copia del contrato de arrendamiento. La presentación de esta documentación puede hacerse tanto de forma presencial como por medios electrónicos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Servicio Bizilagun).

Concluida la tramitación, la delegación territorial competente en materia de vivienda expedirá y entregará al arrendador un documento acreditativo denominado “resguardo de depósito de fianza” y una copia del mismo para su entrega a la parte arrendataria. El arrendador está obligado a comunicar al arrendatario la realización del depósito, mediante la entrega de una copia del resguardo de depósito de fianza en el plazo de un mes, a contar desde su ingreso.

Una vez extinguido el contrato, el arrendador podrá solicitar la devolución de la fianza depositada, solicitud que debe ajustarse al modelo oficial disponible en las oficinas de Zuzenean. Junto con la solicitud es preciso presentar el resguardo de depósito y un documento firmado por ambas partes o la sentencia judicial firme que acredite la extinción del contrato. En defecto de estos dos últimos, se admitirá la declaración jurada de la persona arrendadora.

Régimen transitorio

No obstante, este sistema solo es obligatorio para aquellos contratos de arrendamiento que se hayan celebrado a partir del 29 de marzo de 2016. Para el resto, la nueva ley ha establecido un régimen transitorio, que modifica la anterior obligación de la siguiente forma:

  • Para aquellos contratos celebrados entre el 26 de septiembre de 2015 y el 29 de marzo de 2016, los propietarios tienen tres meses de plazo (hasta el 29 de junio de 2016) para realizar el depósito.
  • Para aquellos contratos que se hayan celebrado antes del 26 de septiembre de 2015 no existe obligación hasta que no se produzca la revisión de la fianza.

Así pues, la norma pretende establecer una regularización progresiva de todos los contratos de arrendamiento, en tanto estos se vayan actualizando, por lo que será importante tener en cuenta esta regulación si actualmente poseemos una relación de arrendamiento iniciada con anterioridad.

Reparaciones y obras

Otro de los aspectos más problemáticos en la práctica para ambas partes de un contrato de arrendamiento tiene que ver con el mantenimiento del inmueble. En este punto, el propietario siempre será el responsable de mantener el mismo en las condiciones adecuadas de habitabilidad, por lo que todas las reparaciones que sean necesarias para ello deberán imputársele a el, salvo cuando se trate de daños por el desgaste derivado del uso ordinario o aquellos que se produzcan por culpa del arrendador.

A estos efectos, lo más habitual es que el contrato de arrendamiento exija al arrendatario contratar un seguro que cubra los daños en el contenido de la vivienda, mientras que por el continente, será el arrendador el que habitualmente lo suscriba. En caso de no existir, ambas partes estarán obligadas a asumir personalmente dichos costes.

Caso distinto es el de las obras de mejora, que pueden ser realizadas por cualquiera de las dos partes en el inmueble. La ley obliga, no obstante, a respetar las siguientes exigencias:

  • Si el arrendador realiza la obra, deberá notificarla con 3 meses de antelación al arrendatario, por escrito, pudiendo existir, según el caso, un derecho a extinguir el contrato o a una reducción de renta durante el tiempo que duren las obras.
  • Si el arrendatario realiza la obra, deberá contar con el consentimiento expreso y escrito del arrendador, y responderá de las actuaciones que provoquen una disminución en la estabilidad o seguridad de la vivienda.

Consecuencias fiscales

Un último aspecto fundamental, a la hora de alquilar una vivienda, es el régimen fiscal que resultará aplicable para ambas partes, en concreto, en lo referente a sus declaraciones de la renta, y a la imputación de las cantidades que ambas partes cobran y pagan en concepto del alquiler.

En primer lugar, si hablamos de alquilar una vivienda a un particular, no existen obligaciones fiscales para ninguna de las partes respecto al IVA y las retenciones. Fuera de estos supuestos, es decir, si se alquila un local de negocio, o una vivienda a una empresa, el propietario deberá aplicar las correspondientes retenciones y recaudar el IVA que corresponda en las facturas mensuales de renta.

No obstante, en cualquiera de los casos, el propietario tendrá la obligación de reflejar las cantidades que ha percibido en su declaración de la renta:

  • Como rendimientos del capital inmobiliario, si alquila como persona física.
  • Como rendimientos de actividades económicas, si alquila como empresario.

Por su parte, el arrendatario tendrá derecho a deducirse un 20% del importe abonado, con el limite de 1600 euros anuales, en su declaración de la renta, si el inmueble que alquila es su vivienda habitual. Este porcentaje será de un 25%, con el limite de 2000 euros anuales, si es menor de 30 años o titular de familia numerosa.

No obstante, hay que tener en cuenta que en este importe no puede incluirse los gastos de comunidad y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en caso de que el propietario haya decidido repercutirlos al arrendatario, lo cual resulta bastante frecuente en la práctica.

Conclusión

Tras todo lo expuesto, no cabe duda de que el contrato de arrendamiento es una fuente importante de derechos y obligaciones que a menudo los ciudadanos desconocemos, o no conocemos con la suficiente profundidad, lo que repercute en la seguridad y en el tráfico jurídico de una figura que cada vez va cobrando mayor importancia en nuestra economía.

Prueba de ello es que, demasiado a menudo, las partes no se interesan en redactar debidamente sus contratos de arrendamiento, dejando abiertas por ello ciertas brechas jurídicas que, en el momento de producirse cualquier conflicto, no ofrecen una solución adecuada, aumentando así los casos de litigios ante los tribunales.

Por ello, y para finalizar, nuestra recomendación es que, siempre que se vaya a realizar un contrato de arrendamiento, las partes dediquen la necesaria atención, por sí mismos, o a través de profesionales cualificados, a informarse de estos derechos y obligaciones, e incluir debidamente todos sus aspectos y consecuencias en los contratos que firmen.

¿Te ha gustado este articulo?

Si tienes dudas, quieres ampliar la información, o quieres realizarnos una consulta, contáctanos.

Los arrendamientos urbanos – Parte I

Una de las transformaciones más relevantes que ha vivido nuestro país durante las últimas décadas ha tenido como principal protagonista al sector inmobiliario y de vivienda. Sin lugar a dudas, la construcción de viviendas y la adquisición masiva de estas mediante créditos hipotecarios ha sido un fenómeno de gran calado en nuestra sociedad, hasta la llegada de la crisis económica, que ha supuesto una absoluta reversion de este modelo.

Es por ello que, a día de hoy, el mercado de arrendamientos ha ido atrayendo a un publico cada vez mas numeroso que, por decision propia o por motivos económicos, ha optado por recurrir a esta figura para ocupar una vivienda ajena, o para sacar rendimiento a una propia.

Así, desde BasqueLaw Abogados, queremos acercar los aspectos más relevantes de esta relación jurídica a nuestros clientes y seguidores, y dar de esta forma respuesta a las inquietudes más habituales que surgen a caseros e inquilinos, a la hora de apostar por este modelo.

Concepto

Actualmente, el contrato de arrendamiento se encuentra regulado por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la cual fue recientemente modificada de forma parcial por la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda

Es importante saber que la legislación arrendaticia ha pasado por diversas fases en su historia reciente. Mientras que la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 establecía una numerosa serie de preceptos en favor del inquilino, ideados para proteger su derecho a la vivienda y con una marcada tendencia a la estabilidad, las nuevas normas han ido paulatinamente permitiendo una mayor libertad de pactos entre las partes, en busca de fomentar el mercado de alquiler y la economía del sector.

En este sentido, la reforma de 2013 tiene por objeto fundamental «flexibilizar el mercado del alquiler para lograr la necesaria dinamización del mismo, por medio de la búsqueda del necesario equilibrio entre las necesidades de viviendas en alquiler y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores para su puesta a disposición del mercado arrendaticio», según se proclama en su Preámbulo.

Lo cierto es que la intención del legislador parece ser la de reducir la naturaleza de Derecho necesario de las normas del título II, optando por su carácter dispositivo. Pero en todo caso, resultará necesario averiguar qué normas siguen teniendo naturaleza imperativa y cuáles, por el contrario, son ahora de derecho dispositivo, a los efectos de concretar el margen de actuación de las partes.

Duración del arrendamiento

Uno de los aspectos más relevantes que impone nuestra normativa a los contratos de arrendamiento es el plazo mínimo de duración, actualmente establecido en 3 años. Así, en caso de que las partes, por contrato, hayan establecido un plazo inferior, la ley otorga al inquilino un derecho de prorroga, por plazos anuales, hasta alcanzar los 3 años.

La única excepción a esta obligación se producirá si, una vez transcurrido el primer año de duración del contrato, el arrendador comunica al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Finalmente, también es importante tener en cuenta que, una vez transcurrido el plazo legal del contrato, si ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con treinta días de antelación a la fecha de vencimiento, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante un año más.

Así pues, una de las más importantes obligaciones para las partes en un contrato de arrendamiento es el respeto a los plazos que otorga la ley, y de los cuales no deja margen para la libertad de las partes. En este sentido, arrendador y arrendatario se verán obligados a estar pendientes de su cumplimiento, tanto propio como ajeno, para evitar la generación de conflictos.

La Fianza

Otro de los aspectos del contrato de arrendamiento que la ley exige es la prestación de una fianza, en garantía del cumplimiento de las obligaciones del arrendatario, mediante la constitución de un depósito en metálico, en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda, y sin perjuicio de otras garantías rigurosas, personales o reales, que puedan pactarse.

La ausencia de matices de la norma conlleva que la fianza sea exigible en todos los arrendamientos sujetos a la regulación de la LAU 1994, con lo que se produce el absurdo de que resulte en teoría aplicable también a arrendamientos de temporada por espacios de tiempo inferiores a los dos meses, por lo que se incumple con naturalidad, y en algunas Comunidades Autónomas sólo se requiere el depósito de la parte proporcional correspondiente al tiempo de ocupación de los apartamientos vacacionales o de temporada.

Es el caso de la normativa del País Vasco, recientemente modificada con la entrada en vigor de la Ley Vasca de Vivienda y sus reglamentos de desarrollo, en lo referente al depósito de fianzas en organismos públicos y al registro de los contratos de arrendamiento, la cual analizaremos más a fondo en la segunda parte de este artículo.

Otras circunstancias

Como hemos dicho, a pesar de que la norma actual haya sido considerablemente atenuada en lo referente a la protección del inquilino, aún conserva ciertos preceptos pensados para que la aparición de circunstancias excepcionales no afecten a sus derechos.

Así, si la finca se vende, el comprador estará obligado a respetar el contrato de arrendamiento existente, si este se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad. Lo cierto es que, en la práctica habitual, los contratos no se suelen inscribir, por lo que el inquilino tendrá que estar pendiente de esta eventualidad para poder salvar su contrato frente al nuevo propietario.

Por otro lado, en caso de que el cónyuge del inquilino se separe o divorcie, y le corresponda el uso de la vivienda habitual, podrá subrogarse en el contrato hasta el final del mismo, siempre que lo notifique al propietario en un plazo máximo de dos meses desde el acuerdo o sentencia de separación/divorcio.

Por último, en caso de muerte del arrendatario, podrá subrogarse en el contrato su cónyuge, si conviviera con él. También podrán asumir el contrato los familiares y personas dependientes del inquilino, además de su pareja, siempre que hubieran convivido con él los dos años anteriores a su muerte, según se establece en el artículo 16 de la LAU.

¿Te ha gustado este articulo?

Si tienes dudas, quieres ampliar la información, o quieres realizarnos una consulta, contáctanos.

Campaña de la Renta 2015 en Bizkaia

Un año más, en nuestro departamento fiscal comenzamos con la Campaña de la Renta de 2015, la cual dedicará los próximos meses, hasta el final del mes de junio.

Así pues, y para facilitar la labor de todos nuestros clientes y seguidores, vamos a proceder a actualizar las dudas más frecuentes que surgen en este ámbito.

¿Quién está obligado a presentar la declaración?

El artículo 102 de la Norma Foral establece quiénes no están obligados a autoliquidar: Los contribuyentes que no superen los 12.000€ anuales de rendimientos brutos de trabajo en tributación individual (si se realiza la declaración conjunta el límite es para cada uno de los cónyuges).

Por otra parte, aquellos contribuyentes que perciben más de 12.000€ y menos de 20.000€ de rendimientos brutos del trabajo en tributación individual tendrán obligación de presentar la declaración:

  • Cuando perciban rendimientos del trabajo procedentes de más de un pagador.
  • Cuando se hubiera firmado más de un contrato de trabajo, laboral o administrativo, en el ejercicio o prorrogado el que estuviese vigente.
  • Cuando perciban pensiones compensatorias del cónyuge o pareja de hecho, o anualidades por alimentos diferentes a las favorables a los hijos mediante Sentencia Judicial.
  • Cuando se encuentren incluidos en alguno de los supuestos establecidos reglamentariamente.

Finalmente, deberán presentar la Declaración de la Renta:

  • Aquellos contribuyentes que perciban sus retribuciones por peonadas o jornales diarios.
  • Trabajadores de embarcaciones de pesca, si sus retribuciones consisten en una participación en el valor de la pesca capturada o en el volumen.
  • Aquellos contribuyentes que perciban retribuciones variables en función de resultados u otros parámetros análogos, siempre que estas retribuciones superen las tenidas en cuenta para el cálculo del porcentaje de retención o ingreso a cuenta , en los términos previstos en el artículo 109 de la Norma del Impuesto.
  • Los contribuyentes que realicen actividades económicas, en consecuencia, los incluidos en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) o Mutualidad equivalente (profesiones liberales tales como arquitectos o abogados que ejercen su actividad por cuenta propia).
  • Los contribuyentes que perciben rendimientos brutos del capital y ganancias patrimoniales, incluidos en ambos casos los exentos, cuando no superen conjuntamente los 1.600€ anuales.

La propuesta de borrador

A partir del pasado 4 de abril, la Diputación Foral de Bizkaia comenzó a remitir, a determinados contribuyentes, la propuesta de borrador de Declaración de la Renta a sus respectivos domicilios.

Dichos borradores se identifican básicamente por su color. Hacienda remite en color verde los borradores cuyo resultado final implica una devolución al contribuyente, mientras que, por el contrario, los borradores realizados en color azul, implican la obligación de abonar cantidades a Hacienda.

Si no has recibido la propuesta de Declaración de la Renta puedes comprobar en el siguiente enlace si te encuentras encuadrado para recibir este año un borrador de la declaración.

Además, si aún no has recibido la clave de Renta, te recomendamos que la solicites a través del siguiente enlace, a partir del 18 de abril. Con esto podrás consultar tus datos fiscales.

¿Y si no estoy de acuerdo con la propuesta de Declaración?

Hacienda nos da de plazo hasta el 27 de abril para llamar al 901 503 000 y así efectuar:

  • Modificaciones de la cuenta de domiciliación.
  • Modificación del idioma.
  • Modificación del destino de la asignación tributaria (colaborar con otros fines sociales, con la Iglesia Católica o con ambos).
  • Anulación de la propuesta a Devolver

También podemos acudir a las oficinas de Hacienda (En Bilbao, Calle Capuchinos de Basurto nº 4) hasta el 27 de abril para realizar modificaciones que no estén encuadradas en el caso anterior. En caso de acudir a las oficinas de Hacienda se debe solicitar cita previa llamando al 901 503 000.

Después del día 27 de abril, si deseamos modificar algún dato de la propuesta recibida podremos acudir, a partir del 2 de mayo, a cualquiera de las oficinas de Hacienda de Bizkaia o bien cualquiera de las entidades colaboradoras con la Diputación Foral de Bizkaia:

  • Kutxabank
  • Laboral Kutxa.
  • BBVA
  • Banco Santander.
  • Caixabank
  • Banco Sabadell.

En el caso de acudir a las entidades, las modificaciones sólo serán posibles hasta el 17 de junio.

Confirmar borrador

Si te han remitido un borrador de color verde (a devolver) no hace falta confirmar nada. Si no se ha rectificado o anulado, Hacienda abonará la cantidad a partir del 2 de mayo en la cuenta indicada.

Por el contrario, si te han remitido una Propuesta de declaración de la Renta con el resultado a pagar a Hacienda (de color azul) y estas de acuerdo, debes confirmarla antes del 30 de junio. Para ello, deberás aportar el número identificativo (el cual se encuentra destacado en la carta de la propuesta):

  • Telemáticamente.
  • Llamando al teléfono 901 440 201.
  • Llamando al teléfono 901 50 3000.
  • Enviando un mensaje SMS al número 638 444 555 indicando la palabra ETXEAN seguida de un espacio en blanco y a continuación su número identificativo.

Tras su confirmación se considerará presentada la declaración de IRPF y a partir del día 30 de junio se procederá al cobro. En el caso de no confirmar tu propuesta a pagar deberás presentar tu declaración de la Renta de 2015.

Servicios profesionales

Por último, si estás interesado en que el equipo de BasqueLaw Abogados, Economistas y Asesores te elabore tu Declaración de la Renta de 2015 puedes contactar con nosotros de las siguientes maneras:

Una vez contactéis con nosotros, os remitiremos un documento con la documentación necesaria para elaborarte la Declaración de la Renta y, posteriormente, un presupuesto en función de las características de tu Renta diferenciadas entre:

  • Rentas sencillas y complejas.
  • Declaración individual o conjunta.

¿Te ha gustado este articulo?

Si tienes dudas, quieres ampliar la información, o quieres realizarnos una consulta, contáctanos.

Las EPSV: Problemas y soluciones

Con el paso de los últimos años, el ahorro privado ha experimentado un importante desarrollo, tanto en su configuración normativa, como en sus aplicaciones practicas. Ello ha supuesto la aparición de una serie de figuras y productos financieros destinados a potenciar el ahorro de las personas físicas, con vistas a complementar la cobertura de sus prestaciones sociales publicas, previstas por la Seguridad Social. Entre ellas, destacan en especial, en el territorio del País Vasco, las EPSV.

Por ello, en BasqueLaw Abogados, hemos querido repasar las características más importantes de esta figura e informar a nuestros clientes y seguidores de los aspectos más importantes a tener en cuenta en caso de escoger este producto para su ahorro personal.

Concepto y características

Se definen como EPSVs, según la Ley 5/2012, de 23 de febrero «aquellas instituciones que, sin ánimo de lucro, realizan una actividad previsora dirigida al otorgamiento de la correspondiente cobertura, en favor de sus socios ordinarios y personas beneficiarias, para las contingencias establecidas en esta ley.»

Esta normativa, aprobada por el Parlamento Vasco, establece los principios básicos que caracterizan a las EPSVs y que, como veremos a continuación, pretenden diferenciarlas de los Planes de Pensiones, regulados por normativa estatal. Así, encontramos que las EPSVs:

  • Tienen personalidad jurídica propia, es decir, no son simples productos de inversion adscritos a una entidad financiera.
  • Las personas que los contratan adquieren la condición de socios, la cual conlleva una participación teórica activa en las entidades.
  • No tienen ánimo de lucro, sino que están dirigidas a fomentar y facilitar el ahorro privado como medio de prevision social.

Lógicamente, partiendo de esta base existen una serie de distinciones entre EPSVs, en función de la finalidad para la que estén destinadas, las contingencias a cubrir o la naturaleza y vinculo de sus socios. En este ámbito, han destacado desde su aparición a principios de los 80, las EPSVs de modalidad de empleo, es decir, aquellas que, dentro del marco de una relación laboral, se han ido nutriendo de aportaciones realizadas por el empresario, en favor del trabajador.

Por todo ello, a pesar de que los planes de pensiones, tal y como los configuraba la normativa estatal, han existido igualmente en Euskadi en todo este tiempo, han sido pocos los empresarios y personas físicas que han preferido su contratación a la de una EPSV.

Tratamiento fiscal

El regimen fiscal de las EPSVs se encuentra actualmente recogido en la Norma Foral 6/1988, de 30 de junio. En ella, se establecen todas las consecuencias previstas en el territorio histórico de Bizkaia para las EPSV.

Uno de los incentivos más importantes que ha tenido la suscripción y aportación de fondos a una EPSV ha sido, más allá de sus beneficios y coberturas asistenciales a largo plazo, la posibilidad de reducir las cantidades por las cuales se paga el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Así, desde su creación, las haciendas forales vascas han querido incentivar el uso por parte de los ciudadanos de este instrumento, a través de las conocidas como Reducciones sobre la base imponible de IRPF.

Actualmente, el artículo 67.2 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, de IRPF de Bizkaia, permite al contribuyente reducir su base imponible hasta un máximo de:

  • 5.000 euros por aportaciones personales
  • 8.000 euros por contribuciones personales
  • 12.000 euros por ambas contribuciones
  • 2.400 euros por aportaciones realizadas a la EPSV de nuestro cónyuge o pareja de hecho, cuando esta persona no obtenga rentas superiores a 8.000 euros anuales

Estas reducciones se pueden practicar cada año hasta la fecha efectiva de jubilación. No obstante, se establecen límites superiores para aquellas personas que tengan reconocido un determinado grado de discapacidad, o sus tutores/parientes que aporten por ellos, en virtud de lo dispuesto en el articulo 72 de la misma norma.

En resumen, nuestras Haciendas permiten al contribuyente no pagar impuestos por todo lo que ahorre durante el año utilizando estos instrumentos. Asimismo, y dado que el porcentaje a pagar se establece de forma progresiva y ascendente (a mayor cantidad, mayor porcentaje), el beneficio de utilizar estos planes puede ser doble, ya que ademas de no pagar, el contribuyente puede conseguir la permanencia de sus rentas en una escala porcentual inferior.

Conflictos de competencia

El pasado día 12 de junio de 2014 el Tribunal Constitucional publicó la Sentencia 97/2014, por la que se anulaban determinados preceptos de la Ley 5/2012, aludiendo a la falta de competencia de la Comunidad Autónoma Vasca para legislar sobre esta materia, en virtud de lo dispuesto en el articulo 149.1 de la Constitución Española.

El principal foco de conflicto se basaba en la norma que permitía rescatar el capital invertido en una EPSV pasados diez años desde su constitución, la cual chocaba frontalmente con la norma estatal sobre la materia (Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.), motivo por el cual el Gobierno decidió recurrir la citada normativa ante el TC.

En esencia, el Tribunal dictaminó que los planes de previsión social integrados en las EPSV y los planes de pensiones de ámbito estatal respondían a una misma finalidad, poseyendo una clara similitud entre sí, y que su naturaleza poseía un carácter mercantil, lo que lo convertía en una materia de competencia estatal. No aceptó, por tanto, la tesis de las instituciones vascas, que trataban de hacer hincapié en las diferencias existentes entre ambas figuras, equiparando las EPSVs a las Mutualidades no integradas en la Seguridad Social, cuya competencia correspondía a la CAPV en virtud del articulo 10.23 del Estatuto de Gernika.

No obstante, y a pesar de que con esta sentencia de suprimió la posibilidad de rescatar de forma anticipada los fondos acumulados en una EPSV, desde entonces, se han producido una serie de reacciones normativas:

  • El Gobierno Vasco publico una resolución, indicando que todos aquellos que habían constituido su EPSV con anterioridad a la publicación de la sentencia, mantendrían el derecho a efectuar el rescate de la misma, una vez transcurridos los 10 años.
  • En su reforma fiscal, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el rescate a los diez años de los planes de pensiones en toda España, medida que entró en vigor el 1 de enero de 2015.

Por tanto, a día de hoy, podemos concluir que esta sentencia tendrá, en el futuro, una repercusión limitada para todos los ahorradores vascos.

Conflictos con otras prestaciones

Finalmente, este artículo desea tratar la problemática del rescate de un plan de pensiones con la percepción de prestaciones publicas de carácter asistencial. Dicho de otro modo, ¿Qué ocurre si estamos percibiendo una ayuda social, un complemento por mínimos, o una prestación por desempleo no contributiva, y tenemos una EPSV que queremos rescatar?

Pues bien, sobre este tema se ha pronunciado una reciente Sentencia del Tribunal Supremo, en fecha 3 de febrero de 2016, sobre un recurso de casación por unificación de doctrina que planteaba esta cuestión. Y es que la entidad gestora (en este caso, el SPEE) ha mantenido siempre que, si un rescate nos hace superar el umbral máximo de ingresos anuales permitidos, la prestación concedida debe revocarse (y, en muchos casos, devolverse).

Frente a esta tesis, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo apreció los motivos del demandante, sosteniendo que «en realidad, con el rescate del Plan de Pensiones, la actora no ha ingresado en su patrimonio nada que no tuviera ya, ha sustituido un elemento patrimonial (el Plan de Pensiones) por otro (el dinero obtenido por el rescate de dicho Plan) siendo lo único relevante a los efectos ahora examinados la ganancia, plusvalía o rendimiento que le haya podido reportar el citado Plan.»

No obstante, la importancia de esta sentencia adquiere mayor valor si tenemos en cuenta que es la primera que aprecia esta tesis en unificación de doctrina, ya que hasta ese momento, no existía nada similar, siendo que, por ejemplo, la doctrina del TSJ del País Vasco la había rechazado de plano hasta entonces en todas sus sentencias.

Es complicado saber si esta sentencia abrirá una vía de futuro para establecer un cambio en la doctrina que ha imperado hasta ahora, por lo que recomendamos, de momento, evitar este tipo de conflictos, ante la inseguridad jurídica que durante los próximos años va a reinar en nuestros tribunales.

Conclusión

Como hemos podido ver, las EPSV suponen un instrumento de gran importancia en nuestra sociedad, y durante sus más de 30 años de historia han contribuido al desarrollo de nuestra economía privada, y han supuesto un importante cambio en la mentalidad de nuestros ciudadanos, que hasta ese momento, no habían tenido capacidad de ahorro personal, ni tampoco conciencia de sus beneficios.

De cara al futuro, y con la aparición de una crisis económica que ha puesto en serias dudas el sostenimiento de nuestro actual modelo de prestaciones publicas, muchas personas han visto en estos instrumentos la reafirmación de que el futuro de nuestra sociedad va a ir íntimamente ligado a la existencia de este tipo de instrumentos.

Aun así, es obvio que aún queda un largo camino por recorrer, y prueba de ello son las tan recientes controversias que, tanto a nivel normativo, como a nivel judicial e interpretativo, ha generado su existencia para el ciudadano. No queda pues, sino esperar a ver qué forma escoge nuestra sociedad para, de cara al futuro, establecer sistemas eficaces de previsión social.

¿Te ha gustado este articulo?

Si tienes dudas, quieres ampliar la información, o quieres realizarnos una consulta, contáctanos.

¿Qué es una Junior Empresa?

Resulta indudable admitir que uno de los pilares fundamentales de la educación superior o profesional es la adquisición de conocimientos prácticos que complementen de manera adecuada al conocimiento teórico adquirido en las aulas. No en vano, las empresas que realizan procesos de selección para incorporar a jóvenes profesionales a sus plantillas requieren, cada vez mas, que sus candidatos presenten un mayor nivel de competencias de aspecto práctico, dándole cada vez menos peso a otros factores como el expediente académico, tal y como confirmó, hace un par de días el medio El Confidencial, en la siguiente noticia.

Este hecho, unido a la reciente explosión de la cultura start-up y de emprendimiento, ha llevado a muchos estudiantes a preocuparse, cada vez más, por desarrollar este tipo de actividades para mejorar sus aptitudes curriculares, y con ello, optar a un buen puesto de trabajo. Ello sin contar a aquellos que quieren buscar un hueco en el mercado para una idea de negocio, como forma de iniciar, y tal vez consolidar, su andadura profesional.

Pues bien, para dar respuesta a estas inquietudes, desde BasqueLaw Abogados, queremos acercar un poco mejor la figura de la Junior Empresa, facilitar su correcto conocimiento y comprensión, tanto por estudiantes como por profesionales, de tal forma que su uso pueda extenderse de forma correcta y adecuada a las necesidades de nuestra sociedad.

 

Concepto

Según la Ley, una Junior empresa es una asociación juvenil sin ánimo de lucro, creada por estudiantes universitarios con el objetivo de adquirir una experiencia que facilite su ingreso en el mercado laboral. En esencia, no hay ningún aspecto ni característica normativa que la haga diferente de cualquier otra asociación de estas características, por lo que hay que tener claro lo que una Junior Empresa no es:

  • No es una sociedad mercantil reconocida, como una SA, una SL o una Cooperativa.
  • No es una empresa al uso, ya que no ejerce una actividad de comercio.
  • No tiene una personalidad jurídica propia, más allá de la de cualquier asociación.
  • No se basa en la inversion de sus socios, ni tiene como fin obtener una rentabilidad económica.

Dicho de una forma simple, una Junior Empresa tiene la misma motivación que cualquier proyecto estudiantil o que cualquier organización sin ánimo de lucro. Ahora bien, una vez llegados a este punto, podemos relatar todo lo que una asociación de estas características puede ofrecer.

 

Características

El objetivo primordial de una junior empresa es facilitar la adquisición de conocimientos prácticos de sus asociados, a través de las siguientes formas:

  • Organizando equipos de trabajo que se ocupen de proyectos relacionados con la carrera que estudian.
  • Cooperando en la formación práctica de los estudiantes, mediante la puesta en común de los conocimientos adquiridos.
  • Apoyando las iniciativas empresariales de los estudiantes, proporcionándoles un ámbito de actuación real.

Para ello, la actividad de una Junior Empresa debe verse adecuadamente tutelada por una Universidad o Centro formativo, la cual debe dar soporte en lo referente a infraestructuras y apoyo del profesorado en la realización de sus tareas, para asegurar de esta forma la calidad de las mismas. Algunas de las Junior Empresas de España, en un continuo esfuerzo por alcanzar la excelencia empresarial, han implantado sistemas de calidad basados en las normas ISO 9000.

Al tratarse de una sociedad sin ánimo de lucro, los ingresos obtenidos con la realización de dicha actividad se reinvierten en la propia asociación. Además, se considera que aportan un valor a la sociedad y por ello, el ordenamiento les recompensa con una serie de ventajas fiscales: las empresas Junior están exentas de IVA y sólo están obligadas a pagar el Impuesto de Sociedades si la actividad que ha originado el ingreso no es de carácter social.

Por ello, los costes de contratar a una Junior empresa suelen ser menores que los de contratar a una empresa convencional, a pesar de que la calidad de los servicios ofrecidos por cada una de las entidades puede llegar a ser muy similar, como hemos visto.

 

Evolución histórica

La idea surgió en 1967 en París, a raíz del deseo de unos jóvenes estudiantes de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera antes de la finalización de la misma, para lo cual fundaron la primera asociación, llamada ISC Promo. De ahí, el concepto fue evolucionando y extendiendo su influencia por todo el país, inspirando igualmente a varios países europeos, entre ellos España, que comenzó a utilizarlas a mediados de los años 80.

Posteriormente fueron creadas, de forma gradual, diversas Federaciones y Confederaciones de Junior Empresas que trataron de representar, promocionar, expandir y consolidar el Movimiento Asociativo Internacional Junior Empresa, de forma que pudiera quedar poco a poco perfeccionado el sistema, otorgando una mayor seguridad jurídica a estas asociaciones. En España, existe la Confederacion Española de Junior Empresas (CEJE) que agrupa, a su vez, cuatro federaciones territoriales. En el Pais Vasco, encontramos la Federación Vasca de Junior Empresas (FVJE). A nivel europeo, existe desde el año 1992 la Confederación Europea de Junior Empresas (JADE)

Para hacernos una idea de la importancia que ha logrado adquirir este movimiento, basta con decir que actualmente existen en Francia, país donde nació esta idea, más de 150 asociaciones que llevan a cabo anualmente 2.000 estudios de muy diversa índole. Las Junior francesas tienen una capacidad de facturación muy elevada y son más de 15.000 los estudiantes que colaboran con los proyectos conjuntos con las empresas.

 

Regulación legal

En Francia, las Junior Empresas están reconocidas a nivel social, laboral y político, y cuentan con el apoyo de la UE y del gobierno francés, lo cual les da fuerza, seguridad y facilidad en su ámbito de actuación. Desde el punto de vista legal, se acogen a una ley sobre asociaciones sin ánimo de lucro y con fines económicos, que permite a las Junior francesas tener normativa legal propia y permite a las empresas realizar contratos laborales especiales con ellas.

Los trabajos que realizan son conocidos con el nombre de Estudios y éstos se miden en términos de “jour‐études” en función de los cuales se pagan los salarios sociales. Este número de horas trabajadas aparece expresamente en los contratos que las Junior realizan con las empresas interesadas. Cuentan además con un reglamento interno de funcionamiento y conducta según el cual, todos los estudios que realizan han de tener carácter formativo y en ningún momento utilizar la publicidad como forma de promoción. Su principal fuente de recursos financieros suele darse a través de un sponsor, que de forma general (compañías de seguros) o puntual (IBM, Thomson, etc.) decide sumarse al proyecto.

En España, la normativa básica de una asociación la podemos encontrar en la Ley 191/64, de 24 de diciembre, de Asociaciones. Como hemos mencionado anteriormente, no existe ninguna regulación especifica para tratar, de forma diferenciada, el funcionamiento de las Junior Empresas, por lo que todos los aspectos prácticos se centran en la constitución de la asociación y su reconocimiento como Junior Empresa, en base a los requisitos que exige la CEJE.

 

Constitución

Para su constitución, los estudiantes deberán plasmar en el Acta Fundacional su deseo de configurar la asociación y aprobar los estatutos de la misma. En dicho documento se recogerá el número de socios fundadores y los derechos y deberes de los mismos. A continuación, se procederá a inscribir la asociación en el Registro Provincial y en el Registro Nacional y por último, la empresa deberá ser admitida en la CEJE: confederación que reúne y representa a todas las empresas junior del territorio español.

Al igual que una empresa convencional, una junior contará con un código de identificación (CIF), así como un domicilio fiscal para recibir las notificaciones. Como particularidad, la junior se rige por su Junta Directiva, por sus estatutos y por el reglamento interno que se hubiere elaborado, y por ello la organización, conducta y funcionamiento de una Junior empresa puede ser muy distinta a la de otra.

Por último, no hay que olvidar que las Junior Empresa son creadas y gestionadas por estudiantes, por lo que éstos dejan de pertenecer a ellas en el momento en que se licencian o finalizan su vinculación con la Universidad.

Reconocimiento

La Confederación Española de Junior Empresas (CEJE) establece dos requisitos para reconocer a una junior empresa:

A.- Tener la condición de aspirante a junior empresa, lo que supone:

  • Estar constituida y registrada como asociación juvenil de estudiantes universitarios sin ánimo de lucro.
  • Tener plena compatibilidad estatutaria y reglamentaria, de fines y métodos, con los dispuestos por la federación a la que pertenezca y por la CEJE.
  • Ubicarse en un centro de enseñanza universitaria o similar con el beneplácito de las autoridades académicas.
  • Haber organizado, al menos, un acto instructivo teórico destinado a los estudiantes de su facultad o escuela.
  • Haber concertado y finalizado dos prácticas formativas.
  • Disponer del informe favorable de la junta directiva de la federación a la cual le corresponda la adscripción.

B.- Presentar en una asamblea de la CEJE la documentación pertinente y contar con el voto favorable de las junior empresas que la integran, lo que implica:

  • Cumplir todos los puntos necesarios para ser aspirante a junior empresa.
  • Haber concertado y finalizado tres o más prácticas formativas, de las que la mitad serán para la universidad u órgano asimilado a la misma.
  • Disponer del informe favorable de su federación.
  • Disponer del informe favorable de la junta directiva de la Confederación.

Debido a lo anterior, a menudo nos podemos encontrar con asociaciones juveniles que operan bajo el nombre de Junior Empresas sin estar aún reconocidas como tal. No obstante, este reconocimiento no otorga ningún estatus legal ni está basado en ninguna normativa especifica, por lo que simplemente producirá, a quien lo obtenga, beneficios a efectos de publicidad, participación y prestigio.

 

Conclusiones

Con todo lo que hemos comentado, se pueden resumir los aspectos más importantes que hoy en día presenta la situación práctica, social y legal de las Junior empresas.

En primer lugar, una empresa Junior permite a los estudiantes universitarios adquirir unos conocimientos prácticos e ir abriéndose espacio en el mercado laboral. Además, los ínfimos costes de la misma favorecen su constitución: no debemos olvidar que cuentan con una retahíla de beneficios fiscales y con el apoyo de sus centros universitarios; lo que a su vez favorece que los costes de su contratación no sean muy elevados.

Desde un punto de vista social, es innegable que, desde su creación, ha gozado de una buena aceptación y una rápida expansión en el entorno universitario de los países europeos. Asimismo, ha servido para fomentar la creación de comunidades que, siguiendo la linea del mundo empresarial, han priorizado la puesta en común del conocimiento, el trabajo y los objetivos comunes.

Finalmente, en el ámbito legal, queda claro que una junior empresa no puede operar a un mismo nivel que una sociedad mercantil, por no tener su figura reconocida como tal ni gozar de un estatus legal especifico dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Este es sin duda el objetivo más inmediato que, a futuro, consideramos que deben plantearse obtener, para conseguir que esta figura culmine su expansion y su posicionamiento en el mercado, como un operador más.

¿Te ha gustado este articulo?

Si tienes dudas, quieres ampliar la información, o quieres realizarnos una consulta, contáctanos.

Nuevos Porcentajes de Retención en IRPF e IS para 2016

El pasado 25 de Enero de 2015 publicamos un artículo detallando los nuevos tipos de retención para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades. Hoy, remitiéndonos a aquel artículo, actualizamos los datos relativos a los nuevos porcentajes de retención en IRPF e IS de 2016 tanto en Bizkaia como en Guipuzkoa.

 

Retenciones Bizkaia

Los tipos de retención vigentes a partir del 01 de Enero de 2016 de acuerdo a la normativa foral Bizkaia son los siguientes:

En cuanto a los rendimientos de actividades profesionales con carácter general se aplica el 15%. Con volumen de rendimientos íntegros de la actividad profesional inferior a 15.000 euros al año y represente más del 75% de la suma de los rendimientos de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en el ejercicio anterior. Suprimido (aplica régimen general).

El tipo reducido se aplica en el año en el que el profesional inicie su actividad y en los dos siguientes, siempre que este no figurase ya dado de alta en algún epígrafe de actividades económicas en los 12 meses anteriores al alta efectiva en esa nueva actividad. Es un tipo del 7%.

En cuanto a los administradores o miembros de los consejos de administración con carácter general se aplica el 35%. En los rendimientos de capital mobiliario el 19%. En las ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva el 19%. En los rendimientos procedentes del arrendamiento y subarrendamientos de inmuebles urbanos el 19%. En los rendimientos derivados de la explotación de derechos de imagen 24%. Y en otros rendimientos, los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, del subarrendamiento sobre los bienes anteriores y los procedentes de la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen (art. 81.2 b) Reglamento IRPF, el 19%.

Así pues los cambios más importantes se producen en los tipos de retención de los siguientes rendimientos, que desde el 1 de enero de 2016 se reducen del 19,5% al 19%:

  • rendimientos del capital mobiliario;
  • ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva;
  • arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos;
  • premios en metálico; y
  • rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, y del subarrendamiento sobre los bienes anteriores y los procedentes de la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen.

En el caso del impuesto sobre sociedades, con efectos a partir del 1 de enero de 2016, se reduce el tipo general de retención al 19%. Este tipo del 19% se aplica también a: arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles urbanos y a ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva.

 

Retenciones Gipuzkoa

Con carácter general, en el 2016, se aplica la siguiente Tabla de Retenciones:

Importe rendimiento anual (euros) Número de descendientes
Desde Hasta 0 1 2 3 4 5 Más
0,00 11.690,00 0 0 0 0 0 0 0
11.690,01 12.160,00 1 0 0 0 0 0 0
12.160,01 12.670,00 2 0 0 0 0 0 0
12.670,01 13.220,00 3 1 0 0 0 0 0
13.220,01 13.820,00 4 2 0 0 0 0 0
13.820,01 14.480,00 5 3 0 0 0 0 0
14.480,01 15.210,00 6 4 2 0 0 0 0
15.210,01 16.010,00 7 5 3 0 0 0 0
16.010,01 17.210,00 8 6 4 0 0 0 0
17.210,01 18.620,00 9 7 5 2 0 0 0
18.620,01 19.960,00 10 9 7 4 0 0 0
19.960,01 21.470,00 11 10 8 5 1 0 0
21.470,01 22.960,00 12 11 9 6 3 0 0
22.960,01 24.350,00 13 12 10 8 4 1 0
24.350,01 26.650,00 14 13 11 9 6 3 0
26.650,01 29.160,00 15 14 13 10 8 4 0
29.160,01 32.190,00 16 15 14 12 10 6 0
32.190,01 36.300,00 17 16 15 13 11 8 0
36.300,01 39.270,00 18 17 16 15 13 10 3
39.270,01 42.310,00 19 18 17 16 14 12 5
42.310,01 45.450,00 20 19 18 17 15 13 7
45.450,01 48.950,00 21 20 20 18 17 15 9
48.950,01 52.900,00 22 21 21 19 18 16 11
52.900,01 56.270,00 23 22 22 21 19 18 12
56.270,01 60.000,00 24 23 23 22 21 19 14
60.000,01 64.280,00 25 25 24 23 22 20 16
64.280,01 69.190,00 26 26 25 24 23 22 17
69.190,01 74.420,00 27 27 26 25 24 23 19
74.420,01 79.070,00 28 28 27 26 25 24 20
79.070,01 84.310,00 29 29 28 27 27 25 22
84.310,01 90.320,00 30 30 29 29 28 27 23
90.320,01 97.240,00 31 31 30 30 29 28 25
97.240,01 104.860,00 32 32 31 31 30 29 26
104.860,01 113.250,00 33 33 32 32 31 30 28
113.250,01 123.460,00 34 34 33 33 32 32 29
123.460,01 135.230,00 35 35 35 34 33 33 31
135.230,01 148.600,00 36 36 36 35 35 34 32
148.600,01 164.240,00 37 37 37 36 36 35 34
164.240,01 183.560,00 38 38 38 37 37 36 35
183.560,01 203.570,00 39 39 39 38 38 38 36
203.570,01 en adelante 40 40 40 39 39 39 38

 

En lo relativo a los rendimientos del capital mobiliario en general se aplica el 19%, en cambio en los cases de letras del Tesoro se aplica un 0% y en el caso de cesión del derecho a explotación del derecho de imagen un 24%.

En cuanto a los rendimientos del capital inmobiliario, en el arrendamiento y el subarrendamiento de inmuebles se aplica un 19%

En lo relativo a las ganancias patrimoniales (fondos de inversión y premios) en general y en premios se aplica un 19%, en el caso de fondos de inversión se aplica también un 19%.

En cuanto a las actividades empresariales se aplica el 1% para determinadas actividades empresariales que determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva (módulos).

En lo relativo a las actividades profesionales, en general se aplica un 15%, en cambio para quienes inician su actividad profesional (retención en el año de inicio y en los dos siguientes) se aplica un 7%. En otros supuestos especiales se aplica también un 7%, estos supuestos especiales, son los casos de representantes garantizados de «Tabacalera, Sociedad Anónima», los recaudadores municipales, los agentes de seguros y corredores de seguros que utilicen los servicios de subagentes o colaboradores mercantiles y los casos de los delegados territoriales procedentes del extinguido Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas integrado en el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado por Real Decreto 904/1985, de 11 de junio.

En cuanto a las actividades agrícolas, ganaderas o forestales, en general se aplica un 2% y en los casos de engorde de porcino y apicultura un 1%.

 

Conclusión

A modo de conclusión a pesar de los datos expuestos es necesario hacer una importante matización, ya que la reducción del tipo de retención para determinadas rentas puede provocar una apariencia de reducción de impuestos, lo cual como veremos a continuación es incierto.

Así pues no conviene olvidar que los tipos impositivos de los tributos siguen siendo los mismos, de manera que aunque se reduzcan las retenciones practicadas, al mantener los tipos impositivos el resultado es el mismo.

¿Te ha gustado este articulo?

Si tienes dudas, quieres ampliar la información, o quieres realizarnos una consulta, contáctanos.

¿Cómo funciona el Impuesto sobre Actividades Económicas?

El impuesto sobre actividades económicas o IAE es un tributo de carácter local, que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, obligatorio para toda sociedad, empresario o profesional. Entró en vigor el 1 de enero de 1992, sustituyendo a las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e Industriales y de Profesionales y Artistas y a los Impuestos Municipales sobre Radicación.

 

Contribuyentes obligados

Los contribuyentes obligados a pagar el impuesto de actividades económicas son aquellos contribuyentes que realizan de una actividad económica (empresarial, profesional o artística), en territorio nacional, en un local o no, por las siguientes personas o entidades, independientemente de su nacionalidad o residencia: personas físicas, personas jurídicas, herencias yacentes, comunidades de bienes, entidades sin personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición.

Resulta importante destacar el hecho de que desde el 1 de enero de 2003, están exentos de pago del Impuesto sobre Actividades Económicas aquéllos autónomos y empresas cuyo volumen de operaciones sea inferior a 2.000.000 € en el caso de Bizkaia e inferior a 1.000.000 € en el caso de la normativa estatal y foral de Guipúzcoa. Aun así, para poder aplicar esta exención, hay que comunicar el volumen de operaciones en determinados casos.

 

Comunicación de volumen de operaciones

Estas personas físicas o jurídicas, deberán presentar la comunicación de volumen de operaciones (modelo 848) ante la Administración Tributaria en la que se encuentren dados de alta en IAE por alguna actividad.

Por otro lado las personas físicas o jurídicas que tengan alta en IAE por alguna actividad en Bizkaia, y presenten su declaración de IRPF o IS en otro territorio, deberán presentar la comunicación de volumen de operaciones (modelo 848) ante la Hacienda Foral de Bizkaia en todo caso.

En cuanto a los grupos de sociedades, aquellas entidades que forman grupo conforme al artículo 42 del Código de Comercio, tienen obligación de informar de ello en su declaración del Impuesto sobre Sociedades, identificando al resto de sociedades que lo integran y comunicando el volumen de operaciones del conjunto de todas ellas. Aquellos grupos de sociedades en los que alguna de sus integrantes tenga un alta en IAE por alguna actividad en territorio distinto a aquél en que presentan sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, tendrán obligación de presentar la comunicación de volumen de operaciones a efectos de IAE (modelo 848) en ese territorio de alta.

 

Plazos

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el tiempo ya que en Bizkaia finaliza el plazo para la presentación de la comunicación del volumen de operaciones correspondiente al último impuesto presentado el próximo día 1 de febrero de 2016.

Por su parte en la Agencia Tributaria, en Guipúzcoa y en Álava el plazo de presentación es del 1 de enero hasta el 14 de febrero, ambos inclusive, del año en que deba surtir efecto dicha comunicación en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

 

Supuesto especial, la actividad de Promoción Inmobiliaria

Asimismo, aquellos que ejercen la actividad de promoción inmobiliaria (epígrafes 833.1 y 833.2 del IAE) y estén sujetos al IAE, además de la cuota que les corresponda por desarrollar la actividad de promoción inmobiliaria, están obligados a presentar declaración de los metros cuadrados vendidos durante el año 2015 (modelo 840) cualquiera que sea la clase de contrato (contrato privado, escritura, etc.).

En el supuesto de que no se hayan efectuado ventas en el año 2015, no será necesario presentar declaración de metros cuadrados vendidos.

En cuanto al plazo para presentar el citado impuesto, podemos destacar que tanto en Bizkaia como en la Agencia Tributaria es el 1 de febrero de 2016.

Si resulta una cuota a pagar por los metros cuadrados vendidos, la liquidación correspondiente se recibirá en el 2016 siendo el gasto imputable al ejercicio 2015. Así pues, es conveniente que se realicen las correspondientes provisiones contables en 2015 para ser considerado como gasto de este ejercicio.

¿Te ha gustado este articulo?

Si tienes dudas, quieres ampliar la información, o quieres realizarnos una consulta, contáctanos.

Retrasos y cancelaciones de vuelos

Actualmente, la aviación comercial es uno de los principales medios de transporte de la humanidad. Los aviones mueven a diario a miles de personas a cualquiera de los diferentes destinos existentes en todo el mundo, sirviendo así de soporte principal para hacer posibles las relaciones, tanto personales como de negocios. También son, a menudo, una fuente importante de conflictos, al margen de los accidentes que, por diversas causas, se puedan dar.

Y es que, a menudo saltan a la palestra mediática conflictos internos de las compañías que afectan al servicio que prestan a sus clientes. En especial, son famosas las huelgas de trabajadores, que provocan que los servicios de transporte contratados no puedan llevarse a cabo, o se presten en condiciones que generen problemas al pasajero.

En BasqueLaw Abogados sabemos que cualquiera de nuestros clientes y/o seguidores puede ser víctima de alguno de estos problemas, y por ello, queremos que conozcan sus derechos, para poder exigirlos en caso de verse envueltos en un problema de este tipo.

Normativa aplicable

Antes de empezar, conviene situar el contexto de nuestra problemática. Un pasajero de un vuelo comercial es, por definición, una persona que ha firmado un contrato de servicios con una empresa, obligándose a pagar un precio a cambio de un servicio de transporte concreto. Tiene por tanto, derecho a exigir que la empresa cumpla con su obligación en los términos acordados, si bien en el caso del transporte de viajeros, existen ciertas variables que habrá que tener en cuenta, como el tiempo y el modo.

A nivel nacional, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios protege a toda persona física que tenga la condición de consumidor (no sea empresario) y articula ciertos derechos, con carácter general, así como ciertos procedimientos de reclamación ante organismos creados para tal fin.

Además, la Unión Europea posee una norma específica para estos casos, el Reglamento (CE) nº 261/2004, de 11 de febrero de 2004, el cual es aplicable en toda la Unión y regula, de forma detallada, aspectos tales como la denegación de embarque y la cancelación o gran retraso de los vuelos. Esta norma será la que nos sirva de base para conocer ante qué casuística nos podemos encontrar, y qué podemos hacer y exigir en cada caso.

Ámbito de aplicación

¿De qué clase de vuelos estamos hablando? El Reglamento dedica sus primeros artículos a exponer las condiciones que deben de cumplirse para que pueda ser de aplicación, que pueden clasificarse en dos: territorial y formal.

La condición territorial obliga a que el vuelo:

  • Salga de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado.
  • Salga de un aeropuerto situado en un tercer país con destino a otro situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado, cuando el transportista sea comunitario, a menos que los pasajeros disfruten de beneficios o compensación y asistencia en ese tercer país.

La condición formal obliga a que los pasajeros:

  • Dispongan de una reserva confirmada en el vuelo de que se trate y se presenten a facturación (excepto en el caso de cancelación), o
  • Hayan sido transbordados por un transportista aéreo u operador turístico del vuelo para el que disponían de una reserva a otro vuelo, independientemente de los motivos que haya dado lugar al transbordo.

Por lo tanto, no podrá tener lugar la reclamación cuando los pasajeros viajen gratuitamente o con un billete de precio reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público.

Obligaciones de la compañía

Las obligaciones que poseen las compañías aéreas se pueden resumir de la siguiente manera, en 5 puntos: Información, Atención, Transporte alternativo, Reembolso y Compensación

En primer lugar, todo pasajero tiene derecho a ser informado, con la mayor antelación posible, de la existencia de problemas que retrasen, cancelen o impidan el embarque en su vuelo. Además, si se produce una cancelación y el transportista informa al pasajero con antelación no inferior dos semanas, podrá verse liberado de cualquier otra responsabilidad.

Una vez informados, los pasajeros tienen derecho a atención, en los términos que precisa el articulo 9 del reglamento, el cual obliga a proporcionar desde comida y refrescos suficientes, hasta alojamiento y transporte, dependiendo de la duración de la espera.

Adicionalmente, las compañías están obligadas a proporcionar a sus clientes un transporte alternativo a su lugar de destino (u origen, según el caso), en el caso de que el vuelo finalmente sea cancelado, o no sea posible permitirles el embarque al mismo.

En lo que respecta al reembolso del precio del billete, la norma lo contempla siempre que se produzca un retraso mayor a 5 horas, o se den las circunstancias de cancelación o imposibilidad de embarque sin ofrecer un transporte alternativo, según lo mencionado en el párrafo anterior.

Finalmente, la norma estipula que los clientes tendrán derecho a una compensación por el retraso y las molestias, si se cumplen las siguientes condiciones:

  • Se les deniegue el embarque de forma injustificada, contra su voluntad.
  • Se cancele el vuelo con menos de dos semanas de antelación y no se les ofrezca un transporte alternativo en condiciones adecuadas.
  • Se les acomode en plazas de clase inferior a la contratada.

No obstante, el reglamento exime a la compañía de pagar compensación si puede probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables.

Formas de reclamar

Una vez conocidos nuestros derechos, queda saber que formas nos otorga la ley para poder reclamarlos, en el supuesto de que nos veamos en cualquiera de las circunstancias que hemos mencionado anteriormente. En este ámbito, la primera obligación debe recaer siempre sobre la compañía, ya que, según el reglamento, esta deberá exponer en su mostrador de su facturación el siguiente mensaje:

«En caso de denegación de embarque, cancelación o retraso de su vuelo superior a dos horas, solicite en el mostrador de facturación o en la puerta de embarque el texto en el que figuran sus derechos, especialmente en materia de compensación y asistencia.«

Además, siempre que se produzca una denegación de embarque o una cancelación de vuelo, la compañía deberá proporcionar a cada uno de los pasajeros afectados un impreso en el que se indiquen las normas en materia de compensación y asistencia con arreglo al presente Reglamento. También deberá proporcionar un impreso equivalente a cada uno de los pasajeros afectados por un retraso de al menos dos horas.

Aun así, si todo esto no ocurre, tendremos que ser nosotros los que acudamos al mostrador de facturación, oficina de información o cualquier otro medio equivalente para dejar constancia de nuestra reclamación por escrito, utilizando para ello las hojas de reclamaciones o los impresos normalizados equivalentes que puedan existir en cualquier otro país de la UE.

Tras ello, y una vez que el incidente se resuelva de manera definitiva, exigiremos nuestros derechos ante la compañía. Si no responden de forma satisfactoria, nos quedará la opción de presentar una denuncia ante los organismos de consumo o, como ultimo recurso, acudir, de forma individual o colectiva, a los tribunales de justicia.

¿Te ha gustado este articulo?

Si tienes dudas, quieres ampliar la información, o quieres realizarnos una consulta, contáctanos.